JUAN CAMILO RESTREPO

LOS TENUES LINDEROS DEL ESTADO DE DERECHO

El argumento central del gobierno para justificar el llamado a un nuevo referendo por la sentencia de Yidis consiste en afirmar que el conflicto con la Corte Suprema ha dejado de ser un problema judicial para transformarse en otro político. Lo que no es cierto. Sigue siendo judicial, y como tal debería mantenerse.

Si el Presidente o sus colaboradores consideran que la Corte ha valorado mal las pruebas, o que ha hecho apreciaciones o inferencias inadecuadas, está en todo su derecho a controvertirlas dentro de los procesos judiciales que siguen su curso. O a recusar a los magistrados que a su juicio no estén actuando correctamente.

Pero lo que no se puede en un Estado de Derecho es rebautizar como político algo que continúa siendo judicial. Si este precedente llegara a abrirse camino, todo aquel al que no le guste en adelante un fallo de una alta Corte pedirá un referendo.

El referendo no está contemplado en la Constitución como un recurso contra los fallos judiciales. Está previsto como un mecanismo de consulta a la ciudadanía sobre asuntos de interés general, no particular. Los constituyentes del 91 no lo consagraron para que los gobernantes se saquen clavos contra las sentencias que nos les gusten de las altas cortes. El pueblo es soberano, claro está .Y el Presidente tiene todo el derecho a defenderse si lo juzga necesario. Pero en las democracias regidas por el derecho no está previsto el llamado a la soberanía popular para controvertir los fallos de la justicia.

Las elecciones del 2006 se presumen legítimas y el acto legislativo que autorizó la reelección goza de la presunción de constitucionalidad. La condena por cohecho a Yidis no hace espurias dichas elecciones. Es un fallo de carácter penal, no electoral. Y la Corte Constitucional muy seguramente se abstendrá de revisar la constitucionalidad del acto legislativo que autorizó la reelección presidencial con el argumento de que tiene el carácter de cosa juzgada.

Pero si hipotéticamente llegara a declararlas espurias, espurias se quedarían. Una elección no se sanea repitiéndola como disparatadamente lo pretende ahora el gobierno.

El recurso al referendo permanente termina convirtiéndose inexorablemente -como en los tiempos de Napoleón III- en un mecanismo para renovar gobiernos por plebiscitos. En los que se llama al pueblo a pronunciarse por la continuidad de un mandatario y no para aprobar modificaciones al régimen constitucional.

Napoleón III a través del uso y abuso de los referendos-plebiscitarios se las ingenió para perpetuarse en el poder más tiempo que su tío. Sólo que terminó llevando a Francia a la guerra con Prusia, a la pérdida de Alsacia y Lorena y a la derrota de Sedán.

La comisión de “notables” recientemente nombrada debería renunciar como un gesto de independencia y de respeto con ella misma. ¿Cómo es que llamada dizque para recomendar salidas a la grave crisis política que vive el país le sale ahora el gobierno- antes de que cumpla con su apremiante mandato- con la sorpresiva propuesta de convocar a un referendo para repetir las elecciones del 2006? ¿Quién le va a parar bolas a sus recomendaciones cuando el país se va meter en el túnel de un nuevo referendo?

Los medios de comunicación oficiales están a disposición del Jefe de Estado para que informe a la nación -cuando lo juzgue conveniente- sobre la marcha de los asuntos de interés general. No para plantear camorras contra el poder judicial por los fallos que le desagraden. Ni para echarle encima a los jueces los perros bravos de la opinión pública.

El respeto de estos tenues linderos es lo que marca el límite entre un Estado de Derecho y el que no lo es.

EL TERCIO PRIVILEGIADO

Según la revista “The Economist” para el verano de este año dos tercios de la población mundial estará viviendo en ambientes inflacionarios de dos dígitos. Es el dramático despertar de los demonios de la carestía que amenaza con desestabilizar a países como China, Rusia, Venezuela, India y Argentina, entre otros.
El alza desmesurada de los combustibles y de los alimentos es, por supuesto, la causante de esta que parece ser la sombría novedad de la economía mundial en el 2008.
¿Cómo estará Colombia en este escenario? ¿Estamos al abrigo?
Todos los observadores coinciden -y el Banco de la República parece aceptarlo- que la meta de inflación originalmente fijada para este año no se va a cumplir. Estará unos dos puntos por encima, es decir, en niveles entre el 6,2% y el 6,5%.
El gran peligro es que se vaya a subir de ahí. Y que -Dios no lo quiera- se pudieran presentar choques adicionales que nos pusieran en peligro de traspasar la barrera hacia inflaciones de dos dígitos. Seguramente no llegaremos allí y, por el contrario, seguiremos haciendo parte del tercio privilegiado de los países con inflaciones de un solo dígito. Sería una verdadera tragedia que así no fuera.
Pero para que logremos mantenernos en ese grupo privilegiado se deberán seguir ciertas normas mínimas de disciplina económica. A saber:
El Banco de la República tendrá que seguir vigilante. Ya lo está. Es su responsabilidad constitucional prioritaria. Y si llegaran a presentarse nuevos cabeceos inflacionarios tendrá que adoptar medidas adicionales. No necesariamente subiendo más las tasas de interés (lo cual sería muy nocivo) sino endureciendo las estrategias de control monetario directo como los encajes. Que han salido del cuarto de San Alejo donde se encontraban recluidos desde hace varias décadas.
El Gerente del Banco de la República ha explicado con mucha claridad que no es válida la argumentación de quienes sostienen que porque lo que está subiendo son los productos importados, el emisor no debe actuar. Existe el riesgo de que alzas bruscas en los bienes comercializados internacionalmente (petróleo y cereales por ejemplo) se traduzcan en incrementos generalizados de expectativas inflacionarias para toda la economía si el Banco Central no actúa.
El Gobierno, a su turno, debe evitar la histeria y privilegiar acciones sensatas que ayuden en la lucha antiinflacionaria. Por ejemplo, estuvo muy bien que “recogiera velas” en la improvisada iniciativa de promover un contraproducente acuerdo de precios. Este tipo de pactos nunca han funcionado bien.
El Gobierno debe ante todo promover la competencia que es el mejor antídoto contra la carestía. Allí donde aún sea posible reducir aranceles para la importación de alimentos debe hacerlo. Manejar con suma prudencia los precios que dependen de decisiones administrativas. Hacer realmente el tan cacareado ajuste en el gasto público. Y cuidarse de no seguir mandando mensajes equivocados y populistas en materia salarial como los que ha lanzado recientemente para diputados, concejales y alcaldes.
El país tiene que reafirmar el gran propósito nacional de mantener la inflación a raya. Sería un fracaso monumental que entráramos en el desafortunado grupo de países con inflaciones de dos dígitos de que habla la revista “The Economist”.

EQUIDAD EN LOS APOYOS

La revaluación no es un fenómeno sólo colombiano. Se está presentando en todas las latitudes. Pero la apreciación del peso es la más fuerte de toda la región latinoamericana. Por lo tanto, algo de fondo hay que hacer si no queremos ver destrozadas muchas industrias y destruidos innumerables empleos en Colombia.
El Banco de la República, por supuesto, tiene un papel que jugar en esta lucha. Por el momento su papel consiste en no seguir subiendo la tasa de interés. Elevarla más sería echarle gasolina a la llamarada revaluacionista, haciendo más rentables la llegada indiscriminada y masiva de dólares al país.
Pero quien tiene acaso la principal responsabilidad para apaciguar las fuerzas revaluacionistas en la coyuntura actual es el gobierno. Su responsabilidad consiste en gastar menos en peso, ahorrar, y prepagar deuda externa en grande. Con ello la gran oferta de dólares se vería contrarrestada por una demanda igualmente significativa. Cosa que no ha hecho y que, desafortunadamente, parece no estar interesado en hacer.
Está diseñando -sí- algunos programas de subsidio selectivo hacia los sectores más golpeados con la revaluación. Bien intencionados, pero claramente insuficientes dada la magnitud de la tragedia cambiaria que vive el país.
El tema del gasto público revaluacionista se ilustra con todo patetismo cuando se revisan las cifras presupuestales que se han anunciado para el 2009. Y cuando se repara en algunas medidas claramente populistas que se vienen adoptando -en medio de atronantes aplausos- pero que le quitan toda seriedad a la lucha gubernamental contra la revaluación. Y al rigor que se predica pero que no se practica en el gasto público. Veamos. En el proyecto de presupuesto para el 2009 el gasto público total crecerá 13,3% (es decir, crecerá a una velocidad de más del doble de la inflación), al paso que algunos rubros como el de “otras transferencias” (detrás del cual van escondidos infinidad de programas asistencialcitas) se incrementará a la pasmosa tasa del 43,8%.
El Gobierno de palabra se muestra muy preocupado con la revaluación. Pero no de obra. Le pide insistentemente al Banco de la República que haga su tarea, pero no hace la propia.
Qué decir, por ejemplo, de las poco edificantes decisiones que todos los días se están adoptando como la del último Congreso de Diputados cuando, en medio de generosos aplausos se adoptó la no menos generosa determinación de subirles la remuneración por los siete meses que trabajan al año de 98 millones a 140 millones. Al solo departamento de Antioquia este aplauso le costará $2.000 millones al año.
Con esta ruinosa revaluación (que está destruyendo despiadadamente sectores económicos enteros) debería abrirse en el país un gran debate sobre la equidad y las proporciones como se están distribuyendo los subsidios y las ayudas fiscales.
En las cifras fiscales que aparecen en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se da cuenta, por ejemplo, que la sola deducción de impuestos del 40% que se le viene otorgando a las empresas por la inversión en activos fijos está valiendo 3,1 billones de pesos por año. Gran parte de quienes se benefician de esta gabela son precisamente quienes están en capacidad de importar equipos al amparo del dólar barato.
Los subsidios que se vienen arbitrando (con más buena voluntad que recursos) para ayudar a los sectores agrícolas avasallados por la revaluación son -frente a las cifras que acaban de mencionarse- de muy pequeña magnitud.
Un gran debate nacional debería abrirse, por tanto, en torno a la justicia que entrañan estas políticas públicas de subsidios y de gabelas otorgadas con más ligereza que equidad. Y con más aplausos en la galería que proporcionalidad en las cifras.

LAS MUERTES DE LA REFORMA POLÍTICA

El siete de agosto del 2002 a las cinco de la tarde se radicó el famoso referendo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas requeridas. En vez de limitarse a unas pocas y grandes reformas para purificar la manera de hacer la política en Colombia, se transmutó en un abigarrado vademécum de más de 20 preguntas varias de ellas ininteligibles. Y gran parte de las cuales nada tenían que ver con la depuración de las costumbres políticas.
Después -en el 2004- se aprobó una reforma política por iniciativa del Congreso y contra el querer del ejecutivo. Este trató por todos los medios de ponerle palos en la rueda. No fue la mejor reforma, pero algo es algo. Y sobre todo: fue lo único que el país ha tenido en materia de reforma política durante los últimos seis años.
Digámoslo de nuevo: se aprobó por iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Ahora, en un olímpico comunicado de la Casa de Nariño (¡están de moda los comunicados palaciegos!) se desconceptuó dicha reforma tratándola de “mezquina”. Sin embargo, el gobierno no movió un dedo en su momento para mejorarla.
Después, sin que el gobierno se diera cuenta (lo cual es increíble pues se trataba de una reforma constitucional que requería de ocho debates en dos legislaturas diferentes), se aprobó una enmienda constitucional según la cual las mociones de censura pueden ser promovidas por cualquiera de las dos cámaras.
El gobierno se rasga las vestiduras diciendo que tal reforma la aprobó el Congreso contra su opinión. No fue así. La aprobó porque el gobierno no se dio siquiera cuenta de que se estaba tramitando y fue sólo tardíamente cuando salió a objetarla.
En muchas ocasiones (más para salvar apariencias que por otra razón) ha dicho que si hay reelección presidencial debe haberla también para gobernadores y alcaldes. Pero nunca movilizó con firmeza sus fuerzas parlamentarias para hacer realidad ese propósito manifestado entredientes como para que constara en el récord.
Y vino el sainete final. Cuando estalla el escándalo de la parapolítica que salpica en mayor grado a la coalición gobiernista que a las demás formaciones políticas, la Casa de Nariño se apresura a decir que ahora sí hay que hacer una reforma política que empezó a discutirse en la última legislatura. Pero en mitad de camino se dan cuenta que la famosa “silla vacía” va a perjudicar a las mayorías gobiernistas, pues es allí donde mayor cantidad de parlamentarios han resultado salpicados. Se da entonces la vergonzosa contramarcha. Se ordena a los amigos votar en contra de la reforma o desaparecer del recinto para desbaratar el quórum.
El objetivo se cumple y la reforma política de la “silla vacía” -propuesta originalmente por un gobierno embarazado por la parapolítica que lo ronda- muere por inanición. Se salvaron las mayorías gobiernistas pero al alto costo de mantener unas sillas espurias.
Por último se convoca a una comisión de notables. Ojalá tengan éxito. Pero sobre todo: ojalá cuando presente sus recomendaciones éstas no queden ignoradas pues -para ese entonces- ya se estará comenzando a discutir una reforma constitucional que interesará mucho más al gobierno: la que llama a un referendo para permitir la segunda reelección presidencial.

EL COSTOSO PARTO DE LOS MONTES

Cuando el precio del barril de crudo tocó los US$130, el gobierno entró en un ataque de nervios. Y era entendible. No sólo se trata de los precios más altos que ha alcanzado el petróleo sino que, como lo señalan todos los observadores, tendremos precios del hidrocarburo por las nubes para largo rato.
Cuando el ataque de nervios gubernamental llegó a su paroxismo hubo multitud de anuncios. Se echaron al aire (se notaba que sin mayor estudio) todo tipo de iniciativas. Se dijo que se le iba a suprimir el subsidio al uso del gas vehicular; se amenazó que, de común acuerdo con los alcaldes, se iba a generalizar el “pico y placa” en todos los municipios del país; se anticipó que se estaba considerando la reducción de la sobretasa a la gasolina que hoy reciben departamentos y municipios; se dio a entender que el gobierno estaba listo a sacrificar una parte del producido fiscal que le genera tanto el IVA sobre los combustibles como el llamado impuesto unificado para aliviar la cuenta de quienes tienen la desventura de “tanquear” en las bombas de gasolina por estos días; y, en fin, se llegó a decir que el gobierno estaba considerando subirle los impuestos a las empresas petroleras que tanto ha cortejado para que vengan a Colombia. Nada de esto se hizo finalmente.
El gobierno se limitó a decir que había resuelto extender por un año más el plazo para concluir el desmonte de los subsidios a los combustibles. Y que, por lo tanto, esperaba que los incrementos periódicos que se seguirán haciendo no excedieran de $100 por galón.
Fue un verdadero parto de los montes. Sólo que en vez de un ratoncito inofensivo nació un verdadero “orangután” fiscal. Aplazar un año más de lo que estaba previsto el cierre de la brecha entre los precios domésticos y los internacionales es la más costosa de todas las fórmulas.
En efecto: todo galón de gasolina que se vende en el país por debajo de los precios internacionales genera una obligación legal y cuantificable en virtud de la cual el erario público debe compensar esa diferencia a los refinadores y a quienes participan en la cadena de la distribución de combustibles. Este fue el costo que se asumió a partir del momento en que el presupuesto nacional entró a pagar directamente el subsidio a los combustibles (antes lo hacía Ecopetrol).
Y fue, además, condición indispensable para poder vincular capital privado al ensanche de la refinería de Cartagena y a Ecopetrol.
Según cálculos que reseñó recientemente Armando Montenegro, aplazar un año el desmonte de los subsidios puede tener un costo para el erario nacional del orden de $3,8 billones (cerca de un pinto del PIB). Y si el precio de referencia sigue ascendiendo en los mercados internacionales, la factura para el presupuesto nacional será inexorablemente mayor.
De otro lado: no es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues bien sabido está que la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas de la población colombiana.
Como los recursos fiscales no son ilimitados, el gobierno debería poner mucho más cuidado en definir a quién se entregan subsidios fiscales. Ya no podrá seguir siendo a quien más aplauda en los consejos comunales o en las asambleas gremiales. Ni podrá continuar con la regresiva fiesta de los privilegios tributarios desmesurados -fiesta promovida con entusiasmo por el actual gobierno- que han terminado favoreciendo a los más opulentos de la sociedad.
Es urgente hacer una pausa y plantear una pregunta elemental pero fundamental: ¿a quién deben otorgársele subsidios fiscales en Colombia? Este costoso parto de los montes de los combustibles debería servir para responder con más sindéresis la pregunta planteada.

LOS MICOS REGIONALES

Durante la aprobación del último plan cuatrienal de desarrollo (2006-2010) hubo una feria de micos regionales. Los parlamentarios, como fieras hambrientas, incluyeron más de cien proyectos de inversiones de todos los pelambres sin contar con el aval gubernamental. Y, por supuesto, sin que hubiera certeza de la existencia de recursos para financiarlas.
El gobierno dejó durante el debate una tibia constancia diciendo que no había certeza de los recursos que requeriría la ejecución de dichas obras. Y que ellas sólo podrían financiarse si se llegaran a presentar excedentes a lo largo de la ejecución del plan. Fue una manera sibilina de salvar las formas jurídicas sin enfrentar de manera rotunda las disparatadas aspiraciones parlamentarias.
Afortunadamente la Corte Constitucional (a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que instauró el senador Camilo Sánchez) acaba de decretar la inexequibilidad del artículo 129 de la ley 1151 de 2007 en donde se había incluido el listado de tan disparatadas y desfinanciadas inversiones regionales.
El fallo es muy importante pues, en primer lugar, reivindica el espíritu genuino de lo que son las inversiones que se pueden incluir en los planes de desarrollo. El artículo 339 de la Constitución es muy claro al respecto: la ley del plan sólo podrá contener “los principales programas y proyectos de inversión pública”. Los planes de desarrollo no están pensados para contener misceláneas de obritas regionales detrás de las cuales siempre aparecen las grandes orejas de los conejos clientelistas.
Pero además: toda inversión que se inscriba en un plan de desarrollo debe contener “la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”. Y cualquier inclusión por los parlamentarios de “proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional”, agrega el artículo 341 de la Constitución Nacional.
Esta sentencia de la Corte debería servir para volverle a dar seriedad tanto a las leyes que recogen cada cuatro años los planes de desarrollo como a los presupuestos anuales de la Nación. Unas y otros se han convertido últimamente en un nido de componendas clientelistas.
Desde el presupuesto Nacional, por ejemplo, el Gobierno nacional viene repartiendo cada año partidas que no son otra cosa que auxilios regionales encubiertos dizque para financiar carreteritas regionales; se hacen también “consejos comunales” de donde salen los listados de profusas inversiones regionales por un billón de pesos cuatrienales para ser ejecutadas durante la vigencia de los planes de desarrollo. Su propósito es siempre el mismo: alimentar apetitos politiqueros y mantener contentos por parte del gobierno a los parlamentarios que a renglón seguido votan sumisos cuanta iniciativa legal les presenta.
El actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor. Ojalá esta sentencia de la Corte Constitucional sirva para ponerle freno a tan hipócrita práctica.
Los redactores de la Constitución del 91 -con Álvaro Gómez a la cabeza- siempre concibieron el Plan de Desarrollo y los presupuestos anuales de inversión como una buena ocasión para que allí se inscribieran única y exclusivamente los proyectos de inversión que, contando con un financiamiento cierto, estuvieran refrendadas por los estudios técnicos que validaran su prioridad estratégica.
Esto es lo que acaba de recordar la Corte Constitucional.