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BECAS: ¿SOLAMENTE PARA LOS MEJORES?

Un programa de becas que ofrece apoyo financiero a jóvenes de barrios de muy bajos ingresos que son admitidos a las universidades de buena calidad se inició hace varios años con el criterio de romper una barrera de entrada impuesta por la carencia de recursos para financiar los estudios superiores de jóvenes de bajos ingresos que cumplen cabalmente con los requisitos de entrada de las universidades. Inicialmente, algunas de ellas colaboraron con entusiasmo con el programa y ofrecieron descuentos en la matrícula para estos jóvenes para facilitar el financiamiento, que proviene de donaciones de personas e instituciones privadas, y apoyo institucional. Sin embargo, el desempeño académico de muchos de estos estudiantes ha sido mediocre, con notables excepciones, y la deserción ha sido superior al promedio. Esto ha llevado a que las universidades se desencantaron con el proyecto y favorecen ahora programas que también financian a jóvenes de bajos ingresos, pero exclusivamente a los "mejores". Este cambio de posición ha dado lugar a una controversia privada sobre cuál de los dos criterios antes descritos es el que debe primar y ha hecho más difícil financiar el programa de becas que es menos exigente.

Los que defienden la idea de que la financiación debe proporcionarse solamente para los mejores aducen en primer lugar que los recursos son limitados y que es más eficiente o más productivo emplearlos en quienes tienen la mayor probabilidad de éxito. Para ellos el éxito consiste en que los jóvenes se gradúen con notas satisfactorias. Otro argumento que esgrimen a favor de esta idea es que se debe premiar a los estudiantes académicamente más destacados, en preferencia a los mediocres.

Implícitamente, detrás de ambos argumentos puede estar presente la concepción de una élite estudiantil compuesta por los que provienen de los mejores colegios y los más brillantes o más capaces del resto de la población. No hay nada de malo en esta manera de mirar el mundo, que es muy común en el medio de las universidades de élite, excepto si se tienen en cuenta dos consideraciones importantes: la primera es que muchas de esas universidades, al tiempo que elevaron sus matrículas para poder mejorar la calidad de su oferta, se comprometieron formal o implícitamente a que cualquier alumno que admiten no se vea privado de estudiar en ellas por carecer de recursos. Este principio también es muy común en las universidades privadas más destacadas de los Estados Unidos que garantizan la financiación de todos los estudiantes que admiten. La otra consideración es de diversidad: Los más capaces van a ser más parecidos al estudiante promedio, o tienen mayores aptitudes para imitarlo, con lo que se sacrifica diversidad del cuerpo estudiantil, uno de los pilares fundamentales de una buena universidad.

También hay argumentos a favor de extender la financiación para beneficiar no solamente a los mejores sino a un nivel más bajo. El primero de ellos es que proveer financiación para los jóvenes que se esfuercen, soliciten admisión y sean seleccionados por universidades de buena calidad es un estímulo para que persigan la excelencia y para que los colegios de donde provienen se esmeren en mejorar sus estándares. Esto promueve una demanda más diversificada de cupos en las universidades privadas y permite que cohortes sucesivas de jóvenes pobres no crezcan con la percepción de que no pueden estudiar en EAFIT, en la Universidad del Norte, en el ICESI o en los Andes, por ejemplo, o de que solamente los mejores del curso pueden hacerlo. El valor de mantener abierta esta puerta y de que los estudiantes posean esa expectativa es muy elevado.

¿NO SERÁ MEJOR DEJAR ASÍ?

Al final de la semana pasada ocurrieron hechos asombrosos que han puesto en peligro no solamente la estabilidad política y la seguridad jurídica en el país, sino que amenazan con dejar la economía a la deriva; La Corte Suprema decidió sorpresivamente cuestionar la legalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006 y dejar en manos de la Corte Constitucional la decisión de revisar la sentencia que ratificó la legalidad de esa reforma. Más sorprendentemente aún, el gobierno, en lugar de responder que la Corte Suprema posiblemente está extralimitándose y dejar que la Corte Constitucional resolviera el asunto, pareció admitir la validez de los cuestionamientos a la legitimidad de la reelección y propuso repetir la elección de Presidente en 2009.
Esto, por supuesto levantó una polvareda: sospechas de que el Presidente intenta asumir todos los poderes y gobernar por plebiscito, o de que se trata de un ardid genial para hacerse reelegir de una vez. El gobierno explicó que no se trata de eso, sino simplemente de legitimar a la administración para que termine este período pero no logró calmar los ánimos.
Los gremios económicos también resolvieron condenar a la Corte Suprema y respaldar la repetición de las elecciones y el referendo que la permitiría. Quizás hubiera sido mejor que el respaldo que le dieron a Uribe hubiera venido acompañado de un llamado a la calma, respeto a la justicia y a las cortes y exploración de soluciones en diversos escenarios. Posiblemente, la Corte Constitucional decida no reabrir el tema y no revisar su fallo. No acostumbra hacerlo y es muy probable que esta vez tampoco lo haga. Este es el escenario menos traumático para la democracia, para las instituciones y para la economía. Si la Corte resuelve no revisar su fallo, las cosas pueden dejarse así y que el Procurador investigue y juzgue a los implicados.
La alternativa del referendo y la reelección, aún si se despejan las dudas sobre las intenciones del gobierno, es arriesgada. Nancy Patricia Gutiérrez ha sugerido aprovechar la situación para repetir las elecciones del Congreso. Surgen en ambos casos, el del Presidente y el del Congreso, la posibilidad de que la elección no sea para terminar el período en 2010, sino para que se queden hasta 2014. Y ya hay gente al acecho, esperando la oportunidad para introducir en el referendo un “tercer período”, ¿entre 2014 y 2018?
Desde el punto de vista de la economía, este escenario del referendo es posiblemente la peor opción. El gobierno no tendría ni tiempo ni foco para prestarle atención a la economía que ya ha sufrido por falta de dirección. Antes del último choque de trenes entre el ejecutivo y la Corte Suprema, Armando Montenegro escribió en El Espectador que “salvo en materia de seguridad esa sí, sin duda, exitosa, el Gobierno no tiene políticas y orientaciones precisas para resolver los grandes problemas nacionales. Parece dedicado, en su conjunto, a defenderse de ataques al detal…”, y añade en un paréntesis que “sería mejor para la sociedad que le dedicara todas sus energías a resolver temas como los del transporte o la energía y no a responder las llamadas y las declaraciones de Yidis Medina”.
Si Colombia escoge el camino de la repetición de las elecciones, el crecimiento no va a ser de 4.1 por ciento como lo fue en el primer trimestre sino muy inferior y el desempleo en las ciudades seguirá aumentando. Lo que sí quedaría resuelto sería el problema de la revaluación pues el país habría feriado una vez más la confianza que con tanto trabajo ha adquirido.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA E INSEGURIDAD JURÍDICA

A Douglas North, Premio Nobel de economía y experto en instituciones, le preguntaron por qué las economías de América Latina tenían problemas de crecimiento y por qué estaban en crisis Argentina y Brasil (antes de Lula). North respondió que había sido invitado por el presidente Menem de Argentina a visitar su rancho y que durante su visita le había contado que pensaba hacerse reelegir. A North le sorprendió esto porque la ley no permitía la reelección, y le dijo a Menem que era ilegal.
Menem le respondió que no se preocupara, que él cambiaba la ley, y así lo hizo. North contó esta historia en un programa de televisión y comentó que cuando un presidente «es tan poderoso que puede cambiar la ley cuando le estorba, lo que se tiene en el fondo es una situación en la que la economía depende de los caprichos de los políticos. Y eso generalmente es un desastre».
Esta interesante anécdota, tan relevante para la situación actual del país es uno de los muchos apartes interesantes del libro Uribenomics de Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes, que fue publicado por la universidad y el Grupo Norma y se presentó el miércoles pasado en la sede social de la asociación de ex alumnos de los Andes en Bogotá. El libro no es de economía exclusivamente ni es sobre el Presidente Uribe o contra él. Si contiene algunos capítulos en los que se analiza su política económica, que Gaviria clasifica como una mezcla entre la economía de la oferta de Ronald Reagan y las políticas asistencialistas de la social democracia europea, y su estilo de gobierno cuya más destacada característica es la hiperactividad. Pese a la crítica derivada de estas apreciaciones, expresa también respeto y admiración por el presidente y no puede esconder que Alejandro también le tiene afecto.
El libro debió haberse llamado Gavironomics o Gavisociología, una síntesis un poco aleatoria del estado del pensamiento de su autor sobre varios temas. Se lee fácilmente, si se quiere en un ratico, y que puede comenzarse a leer por cualquier parte. Es ameno, divertido a ratos y a veces profundo. Está muy bien escrito y es una visión personal de Colombia, sus problemas y sus contradicciones, de una persona que ha tenido el beneficio de haber recibido una excelente educación y posee un punto de vista independiente, original e interesante. Invita a la reflexión, tiene vena humorística y literaria, y hace análisis originales de varios personajes y características de nuestra sociedad.
Particularmente interesantes me parecieron los comentarios que hace sobre las telenovelas colombianas, cuyos personajes viven en un medio económico que para Gaviria, el economista, es característico de sociedades que no crecen.
El análisis de la política, de la seguridad y de la economía colombiana que hace el libro da lugar a algunas conclusiones interesantes que destaqué en el evento de presentación al que fui invitado por el autor como comentarista: Varios problemas principales se interponen como obstáculos al progreso y al desarrollo de nuestro país, y todos ellos tienen que ver con el concepto de estado y la función del mismo: Sin descuidar el progreso de la seguridad debemos encontrar la manera de acabar con el clientelismo que es lo que corrompe la política y hace ineficaz el gasto público. Es indispensable encontrar una solución al problema del narcotráfico distinta a las que hemos ensayado hasta ahora (la «legalización» o el tratamiento del problema como de salud global pueden ser opciones para explorar) y entender que la ortodoxia fiscal es necesaria y la solución no es «repartir, repartir y repartir».

ESTADO, “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” Y GOBIERNO

La sobrevivencia de la «seguridad democrática» y la preservación de la «confianza inversionista» son los temas que utiliza el presidente Uribe para resaltar la necesidad de continuidad y la manera de mantener vigente su proyecto de reelección. Indudablemente, estos han sido los dos frentes que presentan los resultados más claros y más beneficiosos de su gestión. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de continuar el esfuerzo en la misma dirección.
Pero de lo que se trata no es solamente de reelegir unas políticas sino entender colectivamente que el Estado colombiano ha fallado y que lo tenemos que reconstruir. El papel del Estado es proveer seguridad y preservar el orden político. Si no lo cumple, sobreviene la violencia y la gente pierde la posibilidad de buscar prosperidad en paz.
Robert Bates, profesor de ciencia política Harvard, sostiene al respecto que África ha proporcionado un ejemplo, prácticamente de laboratorio, de lo que sucede cuando el Estado ha colapsado y se extingue la posibilidad de alcanzar orden político: la gente tiene que escoger entre paz y prosperidad. Lamentablemente, cuando falla el Estado, si se «quiere acumular riqueza, hay que estar preparados para defenderla», y para tomar las armas.
«Mientras los que viven en Estados pueden gozar simultáneamente seguridad y prosperidad, los que viven donde han fallado los Estados tienen que escoger entre ser ricos y estar seguros; si no están dispuestos a pelear no pueden aspirar a las dos cosas» (Robert H. Bates, When Things Fall Apart, Cambridge University Press, 2008).
Este diagnóstico, terrible y a la vez instructivo, no es una apología del paramilitarismo sino una denodada defensa del Estado, de la necesidad de que solamente exista un «especialista en violencia» – el Gobierno, y de que éste no use su poder para depredar sino para suministrar seguridad y orden.
En Colombia hemos tenido simultáneamente dos, tres y hasta cuatro especialistas en violencia compitiendo con distintas formas de depredación, intimidación y de «protección» a grupos de población de distintos orígenes, y el dominio de «señores de la guerra» en partes del territorio nacional. Esta ha sido una inocultable falla del Estado y de las clases dirigentes que estuvieron dispuestas a fomentar y a tolerar formas de violencia que rompieron el equilibrio y debilitaron el orden político.
Dotar al Estado de capacidad para cumplir con su principal función sin que se convierta en instrumento de unas clases contra otras debe ser un objetivo social y, aunque no se ha formulado explícitamente en esta forma, parece ser ahora un propósito nacional. No hay candidato o partido serio que piense o proponga otra cosa. Entonces, la política de «seguridad democrática» es solamente una pieza, importante para alcanzar este fin, pero ni es seguro que lo alcance sin que intervengan políticas complementarias, ni es algo que solamente Uribe puede hacer. Desmovilizar a los paramilitares y desmontar su poderío bélico, criminal y político, es esencial para fortalecer y reorientar la función del Estado.
Uribe ha fortalecido a la fuerza pública y la ha motivado y dirigido exitosamente para debilitar a la guerrilla pero todavía hace falta derrotarla o llegar a un acuerdo político para que se desmovilice.
A pesar de los esfuerzos realizados, la Mafia ejerce un poder económico y social que riñe con el concepto de Estado eficiente. Vamos a necesitar talento nuevo y un liderazgo diferente para construir un consenso internacional diferente, que permita dominar el narcotráfico y derrotar a sus mafias.
Es posible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.

UNA SILLA VACÍA ATRAVESADA EN EL CAMINO

Un comunicado de la Presidencia divulgado por el diario El Tiempo de Bogotá ha rechazado la figura de la silla vacía, que es uno de los elementos esenciales de la reforma política que discute el Congreso y es el mecanismo con el que se pretende castigar a los partidos cuyos miembros tienen vínculos con los grupos armados ilegales y fueron elegidos al congreso con el apoyo de estos grupos mediante presión indebida a la población o fraude electoral. Los argumentos que se aducen para rechazar este mecanismo, que contaba originalmente con el apoyo del gobierno y fue concebido en discusiones en las que este participó, es que «para la democracia no es buena la pretensión actual de afectar los partidos minoritarios y adoptar una figura de %silla vacía%, que desconoce la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política».
Este argumento es curioso, en primer lugar porque pretende estar defendiendo a partidos o movimientos minoritarios, cuando lo que es claro, por pronunciamientos que han hecho el Ministro del Interior y miembros de la coalición de gobierno, que lo que se busca es preservar las mayorías de esa coalición. Al gobierno le da miedo ahora quedarse sin las mayorías con las que cuenta, pero ese temor es evidencia de que no son legítimas.
La otra parte del comunicado pretende crear a posteriori la impresión de que la reforma política se opone a la política de «seguridad democrática» o es innecesaria porque dicha política supuestamente rompe eficazmente los vínculos entre el paramilitarismo y la política. Esto no ha sido evidente y precisamente es porque existen los vínculos de congresistas con los paramilitares que se propuso la reforma política originalmente con el apoyo del gobierno.
El comunicado oficial también declara en referencia a esta reforma que «el Gobierno Nacional considera un error pretender reformas a la Constitución por rebatiñas o mezquinos intereses políticos», en referencia a que son los partidos de oposición y últimamente el senador Vargas Lleras y algunos de sus seguidores quienes han estado propiciando la reforma como algo necesario para cambiar las malas costumbres políticas.
Si prospera la idea de la silla vacía el gobierno puede quedarse sin mayoría en el Congreso y por eso se opone ahora a la reforma. El problema no es ese sino qué quiere hacer con las mayorías que pretende conservar y que están contaminadas por el vínculo de los miembros de los partidos oficialistas con los paramilitares. El gobierno desea utilizar esas mayorías para reformar la Constitución y esa reforma podría incluir una segunda reelección del Presidente.
Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Para las reformas que ahora tiene en mente, que supuestamente no obedecen a motivaciones mezquinas ni son motivadas por rebatiñas pero que pueden incluir la reelección, el gobierno va a convocar una comisión de sabios que contarán con unas pocas semanas para estudiar y discutir el proyecto de reforma constitucional que deberá ser presentado el 20 de julio al Congreso. No se sabe si esta comisión será una mini constituyente de corte laureanista, ni se conoce el alcance de las reformas pretendidas. Se sabe eso sí que el gobierno cuenta para hacerlas aprobar con una mayoría que no tiene legitimidad para hacerlo, pues si la tuviera no estaría expuesta a ser afectada por la aplicación del castigo de la silla vacía.
sible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.

POLÍTICA: SORPRESAS TE DA LA VIDA

El Ministro del Interior y el Gobierno han dado señales inequívocas de no desear que la reforma política avance para proteger mayorías que dice haber conformado, con mucha dificultad y no poca politiquería. Haberle quitado el respaldo a la reforma y estar detrás de la estratagema para hundirla, haciendo uso de la figura de las inhabilidades de los congresistas oficialistas, ha sido una decisión del gobierno que le resta credibilidad, le crea imagen de marrullero y por lo menos le cuesta en términos de consistencia, a pesar de que el efecto ‘Teflón’, que ampara al Presidente contra cualquier equivocación, cualquier desliz o cualquier manzanillada parece estar operando también en este caso.
Pero querer hundir la reforma y la figura de la silla vacía, que apoyaba poco antes de que hacer las cuentas de cuantos ‘para-políticos’ hay en la coalición, indica claramente que el gobierno está dispuesto a incurrir en muchos riesgos para contar con el poder de hacer aprobar un tercer período para Uribe.
No se sabe si fue por esta razón, que no ha debido ser una sorpresa, pero Germán Vargas Lleras reapareció, súbitamente, persuadido de que la reforma es necesaria. Posiblemente se dio cuenta de que si seguía callado en el rebaño, podía perder posición política y se hundiría el vacilante Rodrigo Lara, su suplente. También pudo haberse acordado de que en otro momento de su vida fue galanista, y que ese movimiento era un baluarte contra la politiquería.
O pudo haber estado motivado por los avances mediáticos de su rival dentro del gobierno, el Ministro de Defensa. Vargas puede haber evaluado que su opción de llegar a la Presidencia no tendría vigencia sino hasta 2022, en el mejor de los casos, si Uribe no decide en 2013 lanzarse para un cuarto período.
Como Santos es jugador de Póker y Uribe es maestro en sacar conejos para distraer al público cuando necesita hacerlo, Vargas les ha dado a ambos algo de sus propias medicinas.
Con esa decisión le notificó al gobierno que no cuente las gallinas antes de que nazcan los pollitos, pues puede ser que se está desprestigiando para defender unas mayorías que no tiene, o que no dispone de ellas sin contar con él. Esto pone al gobierno en una encrucijada interesante porque la reelección de Uribe puede pasar a depender de lo que resuelvan con Vargas Lleras.
Pero también lo ha colocado a él en una disyuntiva crítica. Parece estar dispuesto a quemar las naves, aunque también es posible que lo que está haciendo sea solamente para quedar bien, porque la reforma no pasa, de todas formas, y hacer este gesto no le cuesta nada. Aún si se gana la batalla en la Comisión Primera del Senado, después la hunden en la Plenaria y todo sigue su curso.
Pero, de pronto, Vargas puede haber llegado a la conclusión de que seguir apoyando la coalición de gobierno, de tercero en una supuesta fila india, no le rinde tanto. Si defiende la reforma, distanciándose del gobierno, abre un espacio para hacer otras coaliciones, a las que puede llegar con las insignias de haber defendido una purga de las costumbres. Lo que decida hacer a partir de ahora puede ser la clave de su futura opción a la Presidencia, y si le dio un nuevo aliento a la reforma, ha dado un paso en la dirección que conviene.
Una vida trágica la del profesor Eduardo Umaña Luna, recientemente fallecido, pero fructífera y admirable en muchos aspectos intelectuales y personales.