JUAN CAMILO RESTREPO

LOS TENUES LINDEROS DEL ESTADO DE DERECHO

El argumento central del gobierno para justificar el llamado a un nuevo referendo por la sentencia de Yidis consiste en afirmar que el conflicto con la Corte Suprema ha dejado de ser un problema judicial para transformarse en otro político. Lo que no es cierto. Sigue siendo judicial, y como tal debería mantenerse.

Si el Presidente o sus colaboradores consideran que la Corte ha valorado mal las pruebas, o que ha hecho apreciaciones o inferencias inadecuadas, está en todo su derecho a controvertirlas dentro de los procesos judiciales que siguen su curso. O a recusar a los magistrados que a su juicio no estén actuando correctamente.

Pero lo que no se puede en un Estado de Derecho es rebautizar como político algo que continúa siendo judicial. Si este precedente llegara a abrirse camino, todo aquel al que no le guste en adelante un fallo de una alta Corte pedirá un referendo.

El referendo no está contemplado en la Constitución como un recurso contra los fallos judiciales. Está previsto como un mecanismo de consulta a la ciudadanía sobre asuntos de interés general, no particular. Los constituyentes del 91 no lo consagraron para que los gobernantes se saquen clavos contra las sentencias que nos les gusten de las altas cortes. El pueblo es soberano, claro está .Y el Presidente tiene todo el derecho a defenderse si lo juzga necesario. Pero en las democracias regidas por el derecho no está previsto el llamado a la soberanía popular para controvertir los fallos de la justicia.

Las elecciones del 2006 se presumen legítimas y el acto legislativo que autorizó la reelección goza de la presunción de constitucionalidad. La condena por cohecho a Yidis no hace espurias dichas elecciones. Es un fallo de carácter penal, no electoral. Y la Corte Constitucional muy seguramente se abstendrá de revisar la constitucionalidad del acto legislativo que autorizó la reelección presidencial con el argumento de que tiene el carácter de cosa juzgada.

Pero si hipotéticamente llegara a declararlas espurias, espurias se quedarían. Una elección no se sanea repitiéndola como disparatadamente lo pretende ahora el gobierno.

El recurso al referendo permanente termina convirtiéndose inexorablemente -como en los tiempos de Napoleón III- en un mecanismo para renovar gobiernos por plebiscitos. En los que se llama al pueblo a pronunciarse por la continuidad de un mandatario y no para aprobar modificaciones al régimen constitucional.

Napoleón III a través del uso y abuso de los referendos-plebiscitarios se las ingenió para perpetuarse en el poder más tiempo que su tío. Sólo que terminó llevando a Francia a la guerra con Prusia, a la pérdida de Alsacia y Lorena y a la derrota de Sedán.

La comisión de “notables” recientemente nombrada debería renunciar como un gesto de independencia y de respeto con ella misma. ¿Cómo es que llamada dizque para recomendar salidas a la grave crisis política que vive el país le sale ahora el gobierno- antes de que cumpla con su apremiante mandato- con la sorpresiva propuesta de convocar a un referendo para repetir las elecciones del 2006? ¿Quién le va a parar bolas a sus recomendaciones cuando el país se va meter en el túnel de un nuevo referendo?

Los medios de comunicación oficiales están a disposición del Jefe de Estado para que informe a la nación -cuando lo juzgue conveniente- sobre la marcha de los asuntos de interés general. No para plantear camorras contra el poder judicial por los fallos que le desagraden. Ni para echarle encima a los jueces los perros bravos de la opinión pública.

El respeto de estos tenues linderos es lo que marca el límite entre un Estado de Derecho y el que no lo es.

EL TERCIO PRIVILEGIADO

Según la revista “The Economist” para el verano de este año dos tercios de la población mundial estará viviendo en ambientes inflacionarios de dos dígitos. Es el dramático despertar de los demonios de la carestía que amenaza con desestabilizar a países como China, Rusia, Venezuela, India y Argentina, entre otros.
El alza desmesurada de los combustibles y de los alimentos es, por supuesto, la causante de esta que parece ser la sombría novedad de la economía mundial en el 2008.
¿Cómo estará Colombia en este escenario? ¿Estamos al abrigo?
Todos los observadores coinciden -y el Banco de la República parece aceptarlo- que la meta de inflación originalmente fijada para este año no se va a cumplir. Estará unos dos puntos por encima, es decir, en niveles entre el 6,2% y el 6,5%.
El gran peligro es que se vaya a subir de ahí. Y que -Dios no lo quiera- se pudieran presentar choques adicionales que nos pusieran en peligro de traspasar la barrera hacia inflaciones de dos dígitos. Seguramente no llegaremos allí y, por el contrario, seguiremos haciendo parte del tercio privilegiado de los países con inflaciones de un solo dígito. Sería una verdadera tragedia que así no fuera.
Pero para que logremos mantenernos en ese grupo privilegiado se deberán seguir ciertas normas mínimas de disciplina económica. A saber:
El Banco de la República tendrá que seguir vigilante. Ya lo está. Es su responsabilidad constitucional prioritaria. Y si llegaran a presentarse nuevos cabeceos inflacionarios tendrá que adoptar medidas adicionales. No necesariamente subiendo más las tasas de interés (lo cual sería muy nocivo) sino endureciendo las estrategias de control monetario directo como los encajes. Que han salido del cuarto de San Alejo donde se encontraban recluidos desde hace varias décadas.
El Gerente del Banco de la República ha explicado con mucha claridad que no es válida la argumentación de quienes sostienen que porque lo que está subiendo son los productos importados, el emisor no debe actuar. Existe el riesgo de que alzas bruscas en los bienes comercializados internacionalmente (petróleo y cereales por ejemplo) se traduzcan en incrementos generalizados de expectativas inflacionarias para toda la economía si el Banco Central no actúa.
El Gobierno, a su turno, debe evitar la histeria y privilegiar acciones sensatas que ayuden en la lucha antiinflacionaria. Por ejemplo, estuvo muy bien que “recogiera velas” en la improvisada iniciativa de promover un contraproducente acuerdo de precios. Este tipo de pactos nunca han funcionado bien.
El Gobierno debe ante todo promover la competencia que es el mejor antídoto contra la carestía. Allí donde aún sea posible reducir aranceles para la importación de alimentos debe hacerlo. Manejar con suma prudencia los precios que dependen de decisiones administrativas. Hacer realmente el tan cacareado ajuste en el gasto público. Y cuidarse de no seguir mandando mensajes equivocados y populistas en materia salarial como los que ha lanzado recientemente para diputados, concejales y alcaldes.
El país tiene que reafirmar el gran propósito nacional de mantener la inflación a raya. Sería un fracaso monumental que entráramos en el desafortunado grupo de países con inflaciones de dos dígitos de que habla la revista “The Economist”.

EQUIDAD EN LOS APOYOS

La revaluación no es un fenómeno sólo colombiano. Se está presentando en todas las latitudes. Pero la apreciación del peso es la más fuerte de toda la región latinoamericana. Por lo tanto, algo de fondo hay que hacer si no queremos ver destrozadas muchas industrias y destruidos innumerables empleos en Colombia.
El Banco de la República, por supuesto, tiene un papel que jugar en esta lucha. Por el momento su papel consiste en no seguir subiendo la tasa de interés. Elevarla más sería echarle gasolina a la llamarada revaluacionista, haciendo más rentables la llegada indiscriminada y masiva de dólares al país.
Pero quien tiene acaso la principal responsabilidad para apaciguar las fuerzas revaluacionistas en la coyuntura actual es el gobierno. Su responsabilidad consiste en gastar menos en peso, ahorrar, y prepagar deuda externa en grande. Con ello la gran oferta de dólares se vería contrarrestada por una demanda igualmente significativa. Cosa que no ha hecho y que, desafortunadamente, parece no estar interesado en hacer.
Está diseñando -sí- algunos programas de subsidio selectivo hacia los sectores más golpeados con la revaluación. Bien intencionados, pero claramente insuficientes dada la magnitud de la tragedia cambiaria que vive el país.
El tema del gasto público revaluacionista se ilustra con todo patetismo cuando se revisan las cifras presupuestales que se han anunciado para el 2009. Y cuando se repara en algunas medidas claramente populistas que se vienen adoptando -en medio de atronantes aplausos- pero que le quitan toda seriedad a la lucha gubernamental contra la revaluación. Y al rigor que se predica pero que no se practica en el gasto público. Veamos. En el proyecto de presupuesto para el 2009 el gasto público total crecerá 13,3% (es decir, crecerá a una velocidad de más del doble de la inflación), al paso que algunos rubros como el de “otras transferencias” (detrás del cual van escondidos infinidad de programas asistencialcitas) se incrementará a la pasmosa tasa del 43,8%.
El Gobierno de palabra se muestra muy preocupado con la revaluación. Pero no de obra. Le pide insistentemente al Banco de la República que haga su tarea, pero no hace la propia.
Qué decir, por ejemplo, de las poco edificantes decisiones que todos los días se están adoptando como la del último Congreso de Diputados cuando, en medio de generosos aplausos se adoptó la no menos generosa determinación de subirles la remuneración por los siete meses que trabajan al año de 98 millones a 140 millones. Al solo departamento de Antioquia este aplauso le costará $2.000 millones al año.
Con esta ruinosa revaluación (que está destruyendo despiadadamente sectores económicos enteros) debería abrirse en el país un gran debate sobre la equidad y las proporciones como se están distribuyendo los subsidios y las ayudas fiscales.
En las cifras fiscales que aparecen en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se da cuenta, por ejemplo, que la sola deducción de impuestos del 40% que se le viene otorgando a las empresas por la inversión en activos fijos está valiendo 3,1 billones de pesos por año. Gran parte de quienes se benefician de esta gabela son precisamente quienes están en capacidad de importar equipos al amparo del dólar barato.
Los subsidios que se vienen arbitrando (con más buena voluntad que recursos) para ayudar a los sectores agrícolas avasallados por la revaluación son -frente a las cifras que acaban de mencionarse- de muy pequeña magnitud.
Un gran debate nacional debería abrirse, por tanto, en torno a la justicia que entrañan estas políticas públicas de subsidios y de gabelas otorgadas con más ligereza que equidad. Y con más aplausos en la galería que proporcionalidad en las cifras.

LAS MUERTES DE LA REFORMA POLÍTICA

El siete de agosto del 2002 a las cinco de la tarde se radicó el famoso referendo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas requeridas. En vez de limitarse a unas pocas y grandes reformas para purificar la manera de hacer la política en Colombia, se transmutó en un abigarrado vademécum de más de 20 preguntas varias de ellas ininteligibles. Y gran parte de las cuales nada tenían que ver con la depuración de las costumbres políticas.
Después -en el 2004- se aprobó una reforma política por iniciativa del Congreso y contra el querer del ejecutivo. Este trató por todos los medios de ponerle palos en la rueda. No fue la mejor reforma, pero algo es algo. Y sobre todo: fue lo único que el país ha tenido en materia de reforma política durante los últimos seis años.
Digámoslo de nuevo: se aprobó por iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Ahora, en un olímpico comunicado de la Casa de Nariño (¡están de moda los comunicados palaciegos!) se desconceptuó dicha reforma tratándola de “mezquina”. Sin embargo, el gobierno no movió un dedo en su momento para mejorarla.
Después, sin que el gobierno se diera cuenta (lo cual es increíble pues se trataba de una reforma constitucional que requería de ocho debates en dos legislaturas diferentes), se aprobó una enmienda constitucional según la cual las mociones de censura pueden ser promovidas por cualquiera de las dos cámaras.
El gobierno se rasga las vestiduras diciendo que tal reforma la aprobó el Congreso contra su opinión. No fue así. La aprobó porque el gobierno no se dio siquiera cuenta de que se estaba tramitando y fue sólo tardíamente cuando salió a objetarla.
En muchas ocasiones (más para salvar apariencias que por otra razón) ha dicho que si hay reelección presidencial debe haberla también para gobernadores y alcaldes. Pero nunca movilizó con firmeza sus fuerzas parlamentarias para hacer realidad ese propósito manifestado entredientes como para que constara en el récord.
Y vino el sainete final. Cuando estalla el escándalo de la parapolítica que salpica en mayor grado a la coalición gobiernista que a las demás formaciones políticas, la Casa de Nariño se apresura a decir que ahora sí hay que hacer una reforma política que empezó a discutirse en la última legislatura. Pero en mitad de camino se dan cuenta que la famosa “silla vacía” va a perjudicar a las mayorías gobiernistas, pues es allí donde mayor cantidad de parlamentarios han resultado salpicados. Se da entonces la vergonzosa contramarcha. Se ordena a los amigos votar en contra de la reforma o desaparecer del recinto para desbaratar el quórum.
El objetivo se cumple y la reforma política de la “silla vacía” -propuesta originalmente por un gobierno embarazado por la parapolítica que lo ronda- muere por inanición. Se salvaron las mayorías gobiernistas pero al alto costo de mantener unas sillas espurias.
Por último se convoca a una comisión de notables. Ojalá tengan éxito. Pero sobre todo: ojalá cuando presente sus recomendaciones éstas no queden ignoradas pues -para ese entonces- ya se estará comenzando a discutir una reforma constitucional que interesará mucho más al gobierno: la que llama a un referendo para permitir la segunda reelección presidencial.

EL COSTOSO PARTO DE LOS MONTES

Cuando el precio del barril de crudo tocó los US$130, el gobierno entró en un ataque de nervios. Y era entendible. No sólo se trata de los precios más altos que ha alcanzado el petróleo sino que, como lo señalan todos los observadores, tendremos precios del hidrocarburo por las nubes para largo rato.
Cuando el ataque de nervios gubernamental llegó a su paroxismo hubo multitud de anuncios. Se echaron al aire (se notaba que sin mayor estudio) todo tipo de iniciativas. Se dijo que se le iba a suprimir el subsidio al uso del gas vehicular; se amenazó que, de común acuerdo con los alcaldes, se iba a generalizar el “pico y placa” en todos los municipios del país; se anticipó que se estaba considerando la reducción de la sobretasa a la gasolina que hoy reciben departamentos y municipios; se dio a entender que el gobierno estaba listo a sacrificar una parte del producido fiscal que le genera tanto el IVA sobre los combustibles como el llamado impuesto unificado para aliviar la cuenta de quienes tienen la desventura de “tanquear” en las bombas de gasolina por estos días; y, en fin, se llegó a decir que el gobierno estaba considerando subirle los impuestos a las empresas petroleras que tanto ha cortejado para que vengan a Colombia. Nada de esto se hizo finalmente.
El gobierno se limitó a decir que había resuelto extender por un año más el plazo para concluir el desmonte de los subsidios a los combustibles. Y que, por lo tanto, esperaba que los incrementos periódicos que se seguirán haciendo no excedieran de $100 por galón.
Fue un verdadero parto de los montes. Sólo que en vez de un ratoncito inofensivo nació un verdadero “orangután” fiscal. Aplazar un año más de lo que estaba previsto el cierre de la brecha entre los precios domésticos y los internacionales es la más costosa de todas las fórmulas.
En efecto: todo galón de gasolina que se vende en el país por debajo de los precios internacionales genera una obligación legal y cuantificable en virtud de la cual el erario público debe compensar esa diferencia a los refinadores y a quienes participan en la cadena de la distribución de combustibles. Este fue el costo que se asumió a partir del momento en que el presupuesto nacional entró a pagar directamente el subsidio a los combustibles (antes lo hacía Ecopetrol).
Y fue, además, condición indispensable para poder vincular capital privado al ensanche de la refinería de Cartagena y a Ecopetrol.
Según cálculos que reseñó recientemente Armando Montenegro, aplazar un año el desmonte de los subsidios puede tener un costo para el erario nacional del orden de $3,8 billones (cerca de un pinto del PIB). Y si el precio de referencia sigue ascendiendo en los mercados internacionales, la factura para el presupuesto nacional será inexorablemente mayor.
De otro lado: no es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues bien sabido está que la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas de la población colombiana.
Como los recursos fiscales no son ilimitados, el gobierno debería poner mucho más cuidado en definir a quién se entregan subsidios fiscales. Ya no podrá seguir siendo a quien más aplauda en los consejos comunales o en las asambleas gremiales. Ni podrá continuar con la regresiva fiesta de los privilegios tributarios desmesurados -fiesta promovida con entusiasmo por el actual gobierno- que han terminado favoreciendo a los más opulentos de la sociedad.
Es urgente hacer una pausa y plantear una pregunta elemental pero fundamental: ¿a quién deben otorgársele subsidios fiscales en Colombia? Este costoso parto de los montes de los combustibles debería servir para responder con más sindéresis la pregunta planteada.

LOS MICOS REGIONALES

Durante la aprobación del último plan cuatrienal de desarrollo (2006-2010) hubo una feria de micos regionales. Los parlamentarios, como fieras hambrientas, incluyeron más de cien proyectos de inversiones de todos los pelambres sin contar con el aval gubernamental. Y, por supuesto, sin que hubiera certeza de la existencia de recursos para financiarlas.
El gobierno dejó durante el debate una tibia constancia diciendo que no había certeza de los recursos que requeriría la ejecución de dichas obras. Y que ellas sólo podrían financiarse si se llegaran a presentar excedentes a lo largo de la ejecución del plan. Fue una manera sibilina de salvar las formas jurídicas sin enfrentar de manera rotunda las disparatadas aspiraciones parlamentarias.
Afortunadamente la Corte Constitucional (a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que instauró el senador Camilo Sánchez) acaba de decretar la inexequibilidad del artículo 129 de la ley 1151 de 2007 en donde se había incluido el listado de tan disparatadas y desfinanciadas inversiones regionales.
El fallo es muy importante pues, en primer lugar, reivindica el espíritu genuino de lo que son las inversiones que se pueden incluir en los planes de desarrollo. El artículo 339 de la Constitución es muy claro al respecto: la ley del plan sólo podrá contener “los principales programas y proyectos de inversión pública”. Los planes de desarrollo no están pensados para contener misceláneas de obritas regionales detrás de las cuales siempre aparecen las grandes orejas de los conejos clientelistas.
Pero además: toda inversión que se inscriba en un plan de desarrollo debe contener “la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”. Y cualquier inclusión por los parlamentarios de “proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional”, agrega el artículo 341 de la Constitución Nacional.
Esta sentencia de la Corte debería servir para volverle a dar seriedad tanto a las leyes que recogen cada cuatro años los planes de desarrollo como a los presupuestos anuales de la Nación. Unas y otros se han convertido últimamente en un nido de componendas clientelistas.
Desde el presupuesto Nacional, por ejemplo, el Gobierno nacional viene repartiendo cada año partidas que no son otra cosa que auxilios regionales encubiertos dizque para financiar carreteritas regionales; se hacen también “consejos comunales” de donde salen los listados de profusas inversiones regionales por un billón de pesos cuatrienales para ser ejecutadas durante la vigencia de los planes de desarrollo. Su propósito es siempre el mismo: alimentar apetitos politiqueros y mantener contentos por parte del gobierno a los parlamentarios que a renglón seguido votan sumisos cuanta iniciativa legal les presenta.
El actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor. Ojalá esta sentencia de la Corte Constitucional sirva para ponerle freno a tan hipócrita práctica.
Los redactores de la Constitución del 91 -con Álvaro Gómez a la cabeza- siempre concibieron el Plan de Desarrollo y los presupuestos anuales de inversión como una buena ocasión para que allí se inscribieran única y exclusivamente los proyectos de inversión que, contando con un financiamiento cierto, estuvieran refrendadas por los estudios técnicos que validaran su prioridad estratégica.
Esto es lo que acaba de recordar la Corte Constitucional.

RUDOLF HOMES

BECAS: ¿SOLAMENTE PARA LOS MEJORES?

Un programa de becas que ofrece apoyo financiero a jóvenes de barrios de muy bajos ingresos que son admitidos a las universidades de buena calidad se inició hace varios años con el criterio de romper una barrera de entrada impuesta por la carencia de recursos para financiar los estudios superiores de jóvenes de bajos ingresos que cumplen cabalmente con los requisitos de entrada de las universidades. Inicialmente, algunas de ellas colaboraron con entusiasmo con el programa y ofrecieron descuentos en la matrícula para estos jóvenes para facilitar el financiamiento, que proviene de donaciones de personas e instituciones privadas, y apoyo institucional. Sin embargo, el desempeño académico de muchos de estos estudiantes ha sido mediocre, con notables excepciones, y la deserción ha sido superior al promedio. Esto ha llevado a que las universidades se desencantaron con el proyecto y favorecen ahora programas que también financian a jóvenes de bajos ingresos, pero exclusivamente a los "mejores". Este cambio de posición ha dado lugar a una controversia privada sobre cuál de los dos criterios antes descritos es el que debe primar y ha hecho más difícil financiar el programa de becas que es menos exigente.

Los que defienden la idea de que la financiación debe proporcionarse solamente para los mejores aducen en primer lugar que los recursos son limitados y que es más eficiente o más productivo emplearlos en quienes tienen la mayor probabilidad de éxito. Para ellos el éxito consiste en que los jóvenes se gradúen con notas satisfactorias. Otro argumento que esgrimen a favor de esta idea es que se debe premiar a los estudiantes académicamente más destacados, en preferencia a los mediocres.

Implícitamente, detrás de ambos argumentos puede estar presente la concepción de una élite estudiantil compuesta por los que provienen de los mejores colegios y los más brillantes o más capaces del resto de la población. No hay nada de malo en esta manera de mirar el mundo, que es muy común en el medio de las universidades de élite, excepto si se tienen en cuenta dos consideraciones importantes: la primera es que muchas de esas universidades, al tiempo que elevaron sus matrículas para poder mejorar la calidad de su oferta, se comprometieron formal o implícitamente a que cualquier alumno que admiten no se vea privado de estudiar en ellas por carecer de recursos. Este principio también es muy común en las universidades privadas más destacadas de los Estados Unidos que garantizan la financiación de todos los estudiantes que admiten. La otra consideración es de diversidad: Los más capaces van a ser más parecidos al estudiante promedio, o tienen mayores aptitudes para imitarlo, con lo que se sacrifica diversidad del cuerpo estudiantil, uno de los pilares fundamentales de una buena universidad.

También hay argumentos a favor de extender la financiación para beneficiar no solamente a los mejores sino a un nivel más bajo. El primero de ellos es que proveer financiación para los jóvenes que se esfuercen, soliciten admisión y sean seleccionados por universidades de buena calidad es un estímulo para que persigan la excelencia y para que los colegios de donde provienen se esmeren en mejorar sus estándares. Esto promueve una demanda más diversificada de cupos en las universidades privadas y permite que cohortes sucesivas de jóvenes pobres no crezcan con la percepción de que no pueden estudiar en EAFIT, en la Universidad del Norte, en el ICESI o en los Andes, por ejemplo, o de que solamente los mejores del curso pueden hacerlo. El valor de mantener abierta esta puerta y de que los estudiantes posean esa expectativa es muy elevado.

¿NO SERÁ MEJOR DEJAR ASÍ?

Al final de la semana pasada ocurrieron hechos asombrosos que han puesto en peligro no solamente la estabilidad política y la seguridad jurídica en el país, sino que amenazan con dejar la economía a la deriva; La Corte Suprema decidió sorpresivamente cuestionar la legalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006 y dejar en manos de la Corte Constitucional la decisión de revisar la sentencia que ratificó la legalidad de esa reforma. Más sorprendentemente aún, el gobierno, en lugar de responder que la Corte Suprema posiblemente está extralimitándose y dejar que la Corte Constitucional resolviera el asunto, pareció admitir la validez de los cuestionamientos a la legitimidad de la reelección y propuso repetir la elección de Presidente en 2009.
Esto, por supuesto levantó una polvareda: sospechas de que el Presidente intenta asumir todos los poderes y gobernar por plebiscito, o de que se trata de un ardid genial para hacerse reelegir de una vez. El gobierno explicó que no se trata de eso, sino simplemente de legitimar a la administración para que termine este período pero no logró calmar los ánimos.
Los gremios económicos también resolvieron condenar a la Corte Suprema y respaldar la repetición de las elecciones y el referendo que la permitiría. Quizás hubiera sido mejor que el respaldo que le dieron a Uribe hubiera venido acompañado de un llamado a la calma, respeto a la justicia y a las cortes y exploración de soluciones en diversos escenarios. Posiblemente, la Corte Constitucional decida no reabrir el tema y no revisar su fallo. No acostumbra hacerlo y es muy probable que esta vez tampoco lo haga. Este es el escenario menos traumático para la democracia, para las instituciones y para la economía. Si la Corte resuelve no revisar su fallo, las cosas pueden dejarse así y que el Procurador investigue y juzgue a los implicados.
La alternativa del referendo y la reelección, aún si se despejan las dudas sobre las intenciones del gobierno, es arriesgada. Nancy Patricia Gutiérrez ha sugerido aprovechar la situación para repetir las elecciones del Congreso. Surgen en ambos casos, el del Presidente y el del Congreso, la posibilidad de que la elección no sea para terminar el período en 2010, sino para que se queden hasta 2014. Y ya hay gente al acecho, esperando la oportunidad para introducir en el referendo un “tercer período”, ¿entre 2014 y 2018?
Desde el punto de vista de la economía, este escenario del referendo es posiblemente la peor opción. El gobierno no tendría ni tiempo ni foco para prestarle atención a la economía que ya ha sufrido por falta de dirección. Antes del último choque de trenes entre el ejecutivo y la Corte Suprema, Armando Montenegro escribió en El Espectador que “salvo en materia de seguridad esa sí, sin duda, exitosa, el Gobierno no tiene políticas y orientaciones precisas para resolver los grandes problemas nacionales. Parece dedicado, en su conjunto, a defenderse de ataques al detal…”, y añade en un paréntesis que “sería mejor para la sociedad que le dedicara todas sus energías a resolver temas como los del transporte o la energía y no a responder las llamadas y las declaraciones de Yidis Medina”.
Si Colombia escoge el camino de la repetición de las elecciones, el crecimiento no va a ser de 4.1 por ciento como lo fue en el primer trimestre sino muy inferior y el desempleo en las ciudades seguirá aumentando. Lo que sí quedaría resuelto sería el problema de la revaluación pues el país habría feriado una vez más la confianza que con tanto trabajo ha adquirido.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA E INSEGURIDAD JURÍDICA

A Douglas North, Premio Nobel de economía y experto en instituciones, le preguntaron por qué las economías de América Latina tenían problemas de crecimiento y por qué estaban en crisis Argentina y Brasil (antes de Lula). North respondió que había sido invitado por el presidente Menem de Argentina a visitar su rancho y que durante su visita le había contado que pensaba hacerse reelegir. A North le sorprendió esto porque la ley no permitía la reelección, y le dijo a Menem que era ilegal.
Menem le respondió que no se preocupara, que él cambiaba la ley, y así lo hizo. North contó esta historia en un programa de televisión y comentó que cuando un presidente «es tan poderoso que puede cambiar la ley cuando le estorba, lo que se tiene en el fondo es una situación en la que la economía depende de los caprichos de los políticos. Y eso generalmente es un desastre».
Esta interesante anécdota, tan relevante para la situación actual del país es uno de los muchos apartes interesantes del libro Uribenomics de Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes, que fue publicado por la universidad y el Grupo Norma y se presentó el miércoles pasado en la sede social de la asociación de ex alumnos de los Andes en Bogotá. El libro no es de economía exclusivamente ni es sobre el Presidente Uribe o contra él. Si contiene algunos capítulos en los que se analiza su política económica, que Gaviria clasifica como una mezcla entre la economía de la oferta de Ronald Reagan y las políticas asistencialistas de la social democracia europea, y su estilo de gobierno cuya más destacada característica es la hiperactividad. Pese a la crítica derivada de estas apreciaciones, expresa también respeto y admiración por el presidente y no puede esconder que Alejandro también le tiene afecto.
El libro debió haberse llamado Gavironomics o Gavisociología, una síntesis un poco aleatoria del estado del pensamiento de su autor sobre varios temas. Se lee fácilmente, si se quiere en un ratico, y que puede comenzarse a leer por cualquier parte. Es ameno, divertido a ratos y a veces profundo. Está muy bien escrito y es una visión personal de Colombia, sus problemas y sus contradicciones, de una persona que ha tenido el beneficio de haber recibido una excelente educación y posee un punto de vista independiente, original e interesante. Invita a la reflexión, tiene vena humorística y literaria, y hace análisis originales de varios personajes y características de nuestra sociedad.
Particularmente interesantes me parecieron los comentarios que hace sobre las telenovelas colombianas, cuyos personajes viven en un medio económico que para Gaviria, el economista, es característico de sociedades que no crecen.
El análisis de la política, de la seguridad y de la economía colombiana que hace el libro da lugar a algunas conclusiones interesantes que destaqué en el evento de presentación al que fui invitado por el autor como comentarista: Varios problemas principales se interponen como obstáculos al progreso y al desarrollo de nuestro país, y todos ellos tienen que ver con el concepto de estado y la función del mismo: Sin descuidar el progreso de la seguridad debemos encontrar la manera de acabar con el clientelismo que es lo que corrompe la política y hace ineficaz el gasto público. Es indispensable encontrar una solución al problema del narcotráfico distinta a las que hemos ensayado hasta ahora (la «legalización» o el tratamiento del problema como de salud global pueden ser opciones para explorar) y entender que la ortodoxia fiscal es necesaria y la solución no es «repartir, repartir y repartir».

ESTADO, “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” Y GOBIERNO

La sobrevivencia de la «seguridad democrática» y la preservación de la «confianza inversionista» son los temas que utiliza el presidente Uribe para resaltar la necesidad de continuidad y la manera de mantener vigente su proyecto de reelección. Indudablemente, estos han sido los dos frentes que presentan los resultados más claros y más beneficiosos de su gestión. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de continuar el esfuerzo en la misma dirección.
Pero de lo que se trata no es solamente de reelegir unas políticas sino entender colectivamente que el Estado colombiano ha fallado y que lo tenemos que reconstruir. El papel del Estado es proveer seguridad y preservar el orden político. Si no lo cumple, sobreviene la violencia y la gente pierde la posibilidad de buscar prosperidad en paz.
Robert Bates, profesor de ciencia política Harvard, sostiene al respecto que África ha proporcionado un ejemplo, prácticamente de laboratorio, de lo que sucede cuando el Estado ha colapsado y se extingue la posibilidad de alcanzar orden político: la gente tiene que escoger entre paz y prosperidad. Lamentablemente, cuando falla el Estado, si se «quiere acumular riqueza, hay que estar preparados para defenderla», y para tomar las armas.
«Mientras los que viven en Estados pueden gozar simultáneamente seguridad y prosperidad, los que viven donde han fallado los Estados tienen que escoger entre ser ricos y estar seguros; si no están dispuestos a pelear no pueden aspirar a las dos cosas» (Robert H. Bates, When Things Fall Apart, Cambridge University Press, 2008).
Este diagnóstico, terrible y a la vez instructivo, no es una apología del paramilitarismo sino una denodada defensa del Estado, de la necesidad de que solamente exista un «especialista en violencia» – el Gobierno, y de que éste no use su poder para depredar sino para suministrar seguridad y orden.
En Colombia hemos tenido simultáneamente dos, tres y hasta cuatro especialistas en violencia compitiendo con distintas formas de depredación, intimidación y de «protección» a grupos de población de distintos orígenes, y el dominio de «señores de la guerra» en partes del territorio nacional. Esta ha sido una inocultable falla del Estado y de las clases dirigentes que estuvieron dispuestas a fomentar y a tolerar formas de violencia que rompieron el equilibrio y debilitaron el orden político.
Dotar al Estado de capacidad para cumplir con su principal función sin que se convierta en instrumento de unas clases contra otras debe ser un objetivo social y, aunque no se ha formulado explícitamente en esta forma, parece ser ahora un propósito nacional. No hay candidato o partido serio que piense o proponga otra cosa. Entonces, la política de «seguridad democrática» es solamente una pieza, importante para alcanzar este fin, pero ni es seguro que lo alcance sin que intervengan políticas complementarias, ni es algo que solamente Uribe puede hacer. Desmovilizar a los paramilitares y desmontar su poderío bélico, criminal y político, es esencial para fortalecer y reorientar la función del Estado.
Uribe ha fortalecido a la fuerza pública y la ha motivado y dirigido exitosamente para debilitar a la guerrilla pero todavía hace falta derrotarla o llegar a un acuerdo político para que se desmovilice.
A pesar de los esfuerzos realizados, la Mafia ejerce un poder económico y social que riñe con el concepto de Estado eficiente. Vamos a necesitar talento nuevo y un liderazgo diferente para construir un consenso internacional diferente, que permita dominar el narcotráfico y derrotar a sus mafias.
Es posible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.

UNA SILLA VACÍA ATRAVESADA EN EL CAMINO

Un comunicado de la Presidencia divulgado por el diario El Tiempo de Bogotá ha rechazado la figura de la silla vacía, que es uno de los elementos esenciales de la reforma política que discute el Congreso y es el mecanismo con el que se pretende castigar a los partidos cuyos miembros tienen vínculos con los grupos armados ilegales y fueron elegidos al congreso con el apoyo de estos grupos mediante presión indebida a la población o fraude electoral. Los argumentos que se aducen para rechazar este mecanismo, que contaba originalmente con el apoyo del gobierno y fue concebido en discusiones en las que este participó, es que «para la democracia no es buena la pretensión actual de afectar los partidos minoritarios y adoptar una figura de %silla vacía%, que desconoce la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política».
Este argumento es curioso, en primer lugar porque pretende estar defendiendo a partidos o movimientos minoritarios, cuando lo que es claro, por pronunciamientos que han hecho el Ministro del Interior y miembros de la coalición de gobierno, que lo que se busca es preservar las mayorías de esa coalición. Al gobierno le da miedo ahora quedarse sin las mayorías con las que cuenta, pero ese temor es evidencia de que no son legítimas.
La otra parte del comunicado pretende crear a posteriori la impresión de que la reforma política se opone a la política de «seguridad democrática» o es innecesaria porque dicha política supuestamente rompe eficazmente los vínculos entre el paramilitarismo y la política. Esto no ha sido evidente y precisamente es porque existen los vínculos de congresistas con los paramilitares que se propuso la reforma política originalmente con el apoyo del gobierno.
El comunicado oficial también declara en referencia a esta reforma que «el Gobierno Nacional considera un error pretender reformas a la Constitución por rebatiñas o mezquinos intereses políticos», en referencia a que son los partidos de oposición y últimamente el senador Vargas Lleras y algunos de sus seguidores quienes han estado propiciando la reforma como algo necesario para cambiar las malas costumbres políticas.
Si prospera la idea de la silla vacía el gobierno puede quedarse sin mayoría en el Congreso y por eso se opone ahora a la reforma. El problema no es ese sino qué quiere hacer con las mayorías que pretende conservar y que están contaminadas por el vínculo de los miembros de los partidos oficialistas con los paramilitares. El gobierno desea utilizar esas mayorías para reformar la Constitución y esa reforma podría incluir una segunda reelección del Presidente.
Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Para las reformas que ahora tiene en mente, que supuestamente no obedecen a motivaciones mezquinas ni son motivadas por rebatiñas pero que pueden incluir la reelección, el gobierno va a convocar una comisión de sabios que contarán con unas pocas semanas para estudiar y discutir el proyecto de reforma constitucional que deberá ser presentado el 20 de julio al Congreso. No se sabe si esta comisión será una mini constituyente de corte laureanista, ni se conoce el alcance de las reformas pretendidas. Se sabe eso sí que el gobierno cuenta para hacerlas aprobar con una mayoría que no tiene legitimidad para hacerlo, pues si la tuviera no estaría expuesta a ser afectada por la aplicación del castigo de la silla vacía.
sible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.

POLÍTICA: SORPRESAS TE DA LA VIDA

El Ministro del Interior y el Gobierno han dado señales inequívocas de no desear que la reforma política avance para proteger mayorías que dice haber conformado, con mucha dificultad y no poca politiquería. Haberle quitado el respaldo a la reforma y estar detrás de la estratagema para hundirla, haciendo uso de la figura de las inhabilidades de los congresistas oficialistas, ha sido una decisión del gobierno que le resta credibilidad, le crea imagen de marrullero y por lo menos le cuesta en términos de consistencia, a pesar de que el efecto ‘Teflón’, que ampara al Presidente contra cualquier equivocación, cualquier desliz o cualquier manzanillada parece estar operando también en este caso.
Pero querer hundir la reforma y la figura de la silla vacía, que apoyaba poco antes de que hacer las cuentas de cuantos ‘para-políticos’ hay en la coalición, indica claramente que el gobierno está dispuesto a incurrir en muchos riesgos para contar con el poder de hacer aprobar un tercer período para Uribe.
No se sabe si fue por esta razón, que no ha debido ser una sorpresa, pero Germán Vargas Lleras reapareció, súbitamente, persuadido de que la reforma es necesaria. Posiblemente se dio cuenta de que si seguía callado en el rebaño, podía perder posición política y se hundiría el vacilante Rodrigo Lara, su suplente. También pudo haberse acordado de que en otro momento de su vida fue galanista, y que ese movimiento era un baluarte contra la politiquería.
O pudo haber estado motivado por los avances mediáticos de su rival dentro del gobierno, el Ministro de Defensa. Vargas puede haber evaluado que su opción de llegar a la Presidencia no tendría vigencia sino hasta 2022, en el mejor de los casos, si Uribe no decide en 2013 lanzarse para un cuarto período.
Como Santos es jugador de Póker y Uribe es maestro en sacar conejos para distraer al público cuando necesita hacerlo, Vargas les ha dado a ambos algo de sus propias medicinas.
Con esa decisión le notificó al gobierno que no cuente las gallinas antes de que nazcan los pollitos, pues puede ser que se está desprestigiando para defender unas mayorías que no tiene, o que no dispone de ellas sin contar con él. Esto pone al gobierno en una encrucijada interesante porque la reelección de Uribe puede pasar a depender de lo que resuelvan con Vargas Lleras.
Pero también lo ha colocado a él en una disyuntiva crítica. Parece estar dispuesto a quemar las naves, aunque también es posible que lo que está haciendo sea solamente para quedar bien, porque la reforma no pasa, de todas formas, y hacer este gesto no le cuesta nada. Aún si se gana la batalla en la Comisión Primera del Senado, después la hunden en la Plenaria y todo sigue su curso.
Pero, de pronto, Vargas puede haber llegado a la conclusión de que seguir apoyando la coalición de gobierno, de tercero en una supuesta fila india, no le rinde tanto. Si defiende la reforma, distanciándose del gobierno, abre un espacio para hacer otras coaliciones, a las que puede llegar con las insignias de haber defendido una purga de las costumbres. Lo que decida hacer a partir de ahora puede ser la clave de su futura opción a la Presidencia, y si le dio un nuevo aliento a la reforma, ha dado un paso en la dirección que conviene.
Una vida trágica la del profesor Eduardo Umaña Luna, recientemente fallecido, pero fructífera y admirable en muchos aspectos intelectuales y personales.