INDEPENDENCIA Y PRIMEROS TIEMPOS DE LA REPÚBLICA

II

INDEPENDENCIA

Y PRIMEROS TIEMPOS DE LA REPUBLICA

Varios hechos históricos desencadenan gradualmente el proceso de independización de las colonias americanas de España. Esta había sido invadida por Napoleón, quien tras sucesivas maniobras políticas y diplomáticas consiguió que el monarca Carlos IV abdicara el trono en su hijo Fernando VII; y luego de deponer a éste, el emperador francés instaló a su hermano José como rey de los españoles, quienes lo apodaron con desprecio " Pepe Botellas”. El pueblo rechazó las pretensiones de los invasores y se organizó en guerrillas para repeler a los franceses. A lo largo y ancho del país se organizaron Juntas de Gobierno para suplir el vacío constitucional que se presentaba.

Aprovechando las circunstancias y la adversidad que en ese momento recaía sobre la metrópoli, los americanos iniciaron movimientos en dos sentidos: de un lado, sobre todo en algunos sectores propeninsulares se vio el interés en crear mecanismos de administración que a partir de los Cabildos -institución típicamente española- sustituyeran a las autoridades depuestas y brindaran su apoyo moral y económico a los monarcas. De otro lado, aparecieron también los promotores de la independencia absoluta, quienes consideraron llegado el momento de romper definitivamente los lazos con el poder europeo. En Quito, Caracas y Santa Fe, las juntas de gobierno y los cabildos tuvieron un matiz prácticamente independentista, en tanto que Lima y otros lugares fueron dominados por el criterio de apoyo a los intereses realistas y peninsulares.

EL GRITO DE INDEPENDENCIA

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza del movimiento realizado en Santa Fe de Bogotá el 20 de Julio de 1810. Bien es cierto que la convocatoria surge de los personajes más influyentes de la oligarquía santafereña. Pero es innegable la subsiguiente vinculación del pueblo a la marcha de la insurrección. Examinado el documento conocido como Acta de Independencia no se encuentra realmente una intención explícita de ruptura con el poder español. Pero hay quienes defienden la ambigüedad de su redacción y la institución de un gobierno a cargo del Vicegerente de la Persona del Rey, como un recurso sofístico para encubrir las verdaderas intenciones de los conjurados. Porque es claro que los santafereños se comprometían a seguir obedeciendo al rey, si venía a gobernar a Santa Fe, condición claramente imposible de cumplir. En el fondo, pues, ha de considerarse como un documento real en su intención de romper las ataduras con el gobierno colonialista. Un fenómeno concomitante fué el distanciamiento de las regiones o provincias de Nueva Granada respecto de su capital, que para ellas era tan distante y tan contraria a los intereses feudales de sus clases políticas como la misma España. Fué entonces una consecuencia obvia que cada una de las provincias declarara por su parte la independencia de España y conformara su Junta de Gobierno para administrarse con independencia también de la antes capital del Nuevo Reino. Así lo hicieron Mariquita, Cartagena, Cali, Tunja, Medellín, Neiva, Pamplona, El Socorro, Mompóx y Girón. De esta actitud, alentada por las familias influyentes en cada lugar, y con intereses de dominio justificados en sus propiedades urbanas y rurales, empieza a surgir la corriente federalista de los primeros tiempos.

En los primeros tiempos de esta gesta intervienen personajes siempre recordados por el papel que desempeñaron en el origen de la nacionalidad:

ANTONIO VILLAVICENCIO, de Quito, oficial de Marina educado en España, nombrado Comisionado Regio o real, fué desde el principio partidario del movimiento independentista. Su llegada, esperada ansiosamente por los criollos y temida o mirada con prevención por los españoles, se tomó como pretexto para iniciar la insurrección. El famoso florero de la reyerta se buscaba para adornar la sala de la recepción. Villavicencio llegó diez días después del incidente, y ya no fué recibido como enviado de la Corona, pero sí con el mismo júbilo. En los días siguientes se entregó a la revolución, estuvo en las campañas del Sur, participó en el gobierno de las Provincias Unidas, y fué apresado por los realistas siendo Gobernador Presidente de la provincia de Mariquita. En 1816, como traidor al rey, fué fusilado por la espalda después de ser despojado de su rango militar.

JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, de Monguí, fué el vocero del común en el Cabildo de Santa Fe, y sus discursos del 20 de Julio le merecieron el nombre de Tribuno del Pueblo. Participó posteriormente como gobernante. En 1817, huyendo a los "pacificadores" de Morillo, murió al sur del Huila, en las selvas de los Andaquíes.

ANDRÉS ROSILLO Y MERUELO, de El Socorro, estaba preso el 20 de Julio, por sus acciones clandestinas en favor de la independencia. Aclamado por el pueblo como Vocal de la Junta, fué liberado al día siguiente. En 1816 fué apresado por Morillo y enviado a España. Regresó en 1820 y tres años más tarde fué Deán del Capítulo Metropolitano, honor equivalente a la presidencia del clero superior de la Arquidiócesis de Santa Fe. Murió de 77 años.

Asimismo se recuerda al caleño IGNACIO DE HERRERA y al tunjano JOAQUÍN CAMACHO, abogados ambos sobresalientes por su cultura y por su fervor patriótico. Los dos colaboraron desde el Cabildo con los intereses revolucionarios. El primero fué prisionero en el Régimen del Terror y enviado a la cárcel de Puerto Cabello, de donde se evadió. El segundo, Camacho, en compañía de FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, redactó el periódico de la Revolución, el DIARIO POLÍTICO. En 1816 es conducido en brazos a consejo de guerra, y a pesar de estar ciego y paralítico, muere fusilado.

En los primeros días de administración política, la Junta manifestó una cierta desorientación por la pluralidad de intereses y la indefinición de objetivos de organización. A fines de julio la Junta hizo conocer su pensamiento de que no pensaba imponer a las provincias sus criterios de gobierno, y ello estimuló el interés descentralista y federativo que en ellas levantaba cabeza. Los líderes políticos de entonces eran lectores de modelos muy variados de administración política e intentaban inclusive crear instituciones que mezclaban el autoritarismo de las monarquías con un régimen de libertades republicanas. Sin embargo, la Junta de Santa Fe, inclinada por la organización federada, reclamaba que la sede de la federación fuera Santa Fe, en vista de que había sido capital de la administración colonial española, lo que desataba prevenciones en las provincias.

Al lado de las ciudades tradicionales y de su afán federalista, otras poblaciones manifestaron iguales apetencias con lo cual la situación se complicó aún más. Nóvita, Girón, Ambalema, Sogamoso, se agregaron a Cartagena, Mariquita, Tunja y Pamplona. Entraban en controversia tres ideas básicas sustentadas por los partidarios de la autonomía absoluta de cada provincia, los defensores de la federación, y los adalides de una organización centralista. Estos últimos tenían en su contra el expansionismo de los cundinamarqueses que ya empezaban a realizar anexiones forzadas militarmente sobre regiones vecinas.

FEDERALISMO Y CENTRALISMO

En diciembre de 1810 se reúne en Santa Fe el Congreso de las Provincias Unidas, que se declara a sí mismo único depositario de la soberanía del nuevo Estado. Con ello excita los recelos de la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe, a pesar de que ésta había expresado su intención de resignar sus poderes en el Congreso. Pero este antagonismo conduce a que se radicalicen las posiciones, y a partir del Congreso, sus integrantes van a promover los intereses del federalismo, en tanto que la Junta Suprema adoptará en adelante una actitud decididamente centralista.

El Congreso se disuelve sin que las posiciones sean conciliadas, y posteriormente en 1811 se reúnen de nuevo los diputados de nueve provincias y suscriben el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que desconoce en forma definitiva a las autoridades españolas, consagra las provincias como entes independientes y federados, coexistentes con una administración central general, reserva al Congreso funciones como la dirección de la guerra, la administración del presupuesto y de las relaciones exteriores, y plantea la convocatoria a una Convención que elabore la Constitución. La Junta de Santa Fe no cede en sus empeños centralistas, y el Congreso debe periódicamente cambiar de sede: Santa Fe... Ibagué... Villa de Leyva... Tunja... y otra vez Santa Fe.

En 1811, y renuentes a las decisiones del Congreso de las Provincias Unidas, los cundinamarqueses eligen un Colegio Electoral al que comisionan para la redacción de su Constitución. En veinte días la tienen lista, y en ella dan al Estado el nombre de Cundinamarca, hacen profesión de fe católica, reconocen a Fernando VII como rey en cuanto se someta a la Constitución del nuevo Estado, establecen poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y encomiendan la representación del Rey a un Presidente. Parece que en esta mixtura monárquico-republicana asoman los intereses de no desatar prevenciones peligrosas ni en los españoles residentes ni en el pueblo que, de todos modos, en razón de varios siglos de coloniaje, tenía especial veneración por la persona del rey. En el mismo año, la provincia de Tunja declaró su independencia total de España y se dió un gobierno liberal republicano, sin ninguna concesión a los hispanófilos reales o presuntos.

Fué elegido primer Presidente JORGE TADEO LOZANO, quien sancionó la Constitución. Al año siguiente, un nuevo Colegio Electoral la reformó y retiró el reconocimiento a las autoridades españolas con lo cual se consolidó realmente la independencia. El Presidente Lozano, haciendo explícito el interés expansionista de Cundinamarca, disolvió la Junta de Gobierno de la Provincia de Mariquita y la incorporó por la fuerza al Estado Soberano de Cundinamarca. La guerra civil se extendió y comprometió lo intereses de todos a lo largo y ancho del centro del país actual. Entra en acción directa ANTONIO NARIÑO.

NARIÑO, cuya labor como Precursor de la Independencia le había granjeado prisión y persecuciones, de regreso en Santa Fe considera que Lozano es inepto para la crisis presente, y desde su periódico LA BAGATELA ataca simultáneamente el autoritarismo santafereño y el federalismo del Congreso. Nariño, con perspicaz visión política consideraba oportuna en ese momento la estructura centralista del Estado, no solo útil para dar una organización seria y duradera a los pueblos dispersos y desorientados, sino -más importante aún- para planear y dirigir la defensa de la revolución y del nuevo Estado, consciente como era de que España no se quedaría cruzada de brazos sino que intentaría retomar los territorios perdidos, al costo que fuese. Como en verdad ocurrió. A su juicio, la dispersión de las fuerzas y la contienda de intereses no hacían más que debilitar los recursos humanos y materiales, de los cuales no había tampoco la disponibilidad requerida. Forzado a dimitir Lozano, fué reemplazado por Nariño, quien adicionalmente recibió de la representación popular facultades extraordinarias. Cundinamarca, con el apoyo del ejército, logró reforzar su actitud política con la incorporación de las Provincias de Vélez, San Gil, Garzón, Chiquinquirá y Sogamoso, y con ello provocó protestas del Congreso. Adicionalmente, los jefes militares, el Coronel Joaquín Ricaurte y el General Antonio Baraya, enviados por Nariño para consolidar el influjo de Cundinamarca sobre provincias, en vista de que había en ellas una fuerte opinión favorable a la federación, traicionaron su dependencia del gobierno central y se pasaron con armas y tropa a órdenes del Gobierno federalista de Tunja.

Nariño marchó sobre Tunja con ochocientos hombres y tras ocupar la ciudad otorgó un armisticio a fin de que se reuniera el Congreso. Regresó a Santa Fe y renunció a la Presidencia. Pero la Representación Nacional, ofendida por las groseras provocaciones del General Baraya desde Tunja, exigió a Nariño retomar el poder y le confirió facultades dictatoriales. El Congreso se reunió y fué presidido por Camilo Torres Tenorio, y a éste se autorizó para hacer la guerra hasta reducir a Cundinamarca a la obediencia al Congreso de las Provincias Unidas. A su vez, Nariño, con el apoyo de la Representación Nacional, rompió el pacto de federación y retiró de ella al Estado de Cundinamarca. La guerra civil condujo a dos encuentros serios. En el primero, en Ventaquemada, fué derrotado Nariño. Retornó entonces a Santa Fe, y ésta fué asediada por las fuerzas del Congreso. Nariño organizó la defensa y derrotó decisivamente a los federalistas. De sus jefes quedaron prisioneros Urdaneta y Santander, entre otros.

Estas escaramuzas bélicas debilitaron a la Nueva Granada y facilitaron su caída bajo la reconquista española. La controversia entre centralistas y federalistas fué zanjada con la victoria del venezolano Simón Bolívar sobre Manuel de Bernardo Álvarez, dictador de Santa Fe en reemplazo de Nariño. La acción de armas se dio en 1814, y el año siguiente el Congreso inició sus sesiones en Santa Fe.

LUCHA INDEPENDENTISTA

La llamada Guerra de Independencia prácticamente dura ocho años, de 1810 a 1819. Es de notar que en los años que van de 1812 a 1814 coincide y se desarrolla simultáneamente con la guerra civil entre centralistas y federalistas, y ello es un factor que favorece a España. Esta actitud ha originado la calificación de patria boba conque se conoce tal período. Por España y en favor de su dominio había importantes reductos en Popayán, Pasto, Santa Marta y Panamá.

El interés independentista de los criollos se ventilaba fundamentalmente a partir de centros como Santa Fe, Tunja, Cartagena, Pamplona y un poco Mariquita. Por esta época, si bien se recuerda, empieza también la acción de Bolívar en el teatro de sus afanes políticos. En 1812, fugado de la persecución en su patria, se presenta en Cartagena y empieza a servir a la causa de la independencia con obediencia a las autoridades del Congreso. En 1813 desarrolla la campaña del Bajo Magdalena, y más tarde -autorizado por el Congreso- se dirige con su ejército a Venezuela. Dos granadinos morirán gloriosamente en esas tierras. Antonio Ricaurte, en la batalla que se da en una hacienda de Bolívar, en San Mateo; Antonio Ricaurte, en el ascenso al cerro de Bárbula, cerca de Puerto Cabello. Las posteriores acciones militares en Venezuela son desgraciadas, y derrotado en Aragua -1814- Bolívar se retira y luego se embarca hacia las Antillas. Cae prisionero de sus paisanos que lo habían declarado desertor; se fuga habilidosamente, y cae a Cartagena, donde ya lo hemos imaginado poniéndose a órdenes de la Nueva Granada. Al derrotar en ese año el gobierno centralista de Santa Fe, pone involuntariamente su parte en el cataclismo final, pues como lo demostraron los hechos posteriores, los federalistas tenían más intereses particulares que en la defensa del pueblo y de la independencia. La unificación de la Nueva Granada bajo el poder del Congreso llegó demasiado tarde. Los realistas empiezan a cerrar las pinzas al norte y al sur. En la península había sido restablecido en el trono el Rey Fernando VII, y diez mil veteranos a las órdenes del Mariscal Pablo Morillo se aprestaban a la invasión definitiva. Es preciso reconocer que las instrucciones reales eran claras en la recomendación de que se hiciera la reconquista y pacificación sin derramamiento de sangre, e inclusive se había previsto que encabezara la expedición una persona de general aceptación como era Don Pedro Mendinueta, quien había sido anteriormente virrey. La ocupación de Venezuela se hizo sin oposición; ya los subalternos habían dispuesto la sumisión y reprimido la insurgencia. Morillo instala gobierno en Caracas, ordena nuevos tributos y pone en marcha tribunales de purificación política. Navega luego a Santa Marta, y pone sitio a Cartagena de Indias del 20 de agosto al 5 de Diciembre de 1815. La plaza está defendida por Manuel del Castillo, secundado por Mariano Montilla, Carlos Soublette, Lino de Pombo y Antonio José de Sucre, entre otros. Rendida por hambre y tras la fuga de seiscientos hombres de armas, la ciudad es ocupada el 6 de diciembre de 1815.

Las columnas de la Reconquista se dirigen a Santa Fe y van ocupando paulatina pero rápidamente las diversas zonas del territorio. Ante la inminencia del peligro, el Congreso elige como Presidente con facultades extraordinarias a Camilo Torres Tenorio, quien acepta ante la insistencia de los diputados, pero se declara incapaz de sortear la crisis político-militar del momento. Empezando el año de 1816 y ante las sucesivas derrotas de los patriotas neogranadinos, Camilo Torres renuncia al mando y es sustituido por el médico José Fernández Madrid. El 6 de mayo entran a Santa Fe los soldados españoles al mando de Sebastián Calzada y Francisco Latorre, y veinte días después, casi de incógnito para eludir las sospechosas bienvenidas, entra el Mariscal Morillo. Las fuerzas del gobierno en la campaña del sur son víctimas de una nueva crisis de administración: El Presidente Fernández Madrid llega a Popayán y presenta renuncia. Es reemplazado por Custodio García Rovira, elegido Presidente, y ante su ausencia el poder es asumido por quien ha sido elegido Vicepresidente, el Coronel Liborio Mejía. El ejército de la independencia es derrotado completamente en la Cuchilla del Tambo. Se completaba así la ocupación de la Nueva Granada, y el único reducto que estaba relativamente fuera de la influencia peninsular pasaba a ser Casanare, donde unos pocos hombres y algunos caudillos militares alentaban el espíritu independentista.

En Santa Fe y las otras ciudades principales se instaura el que será conocido como el Régimen del Terror. Instituciones de triste memoria surgen entonces bajo los nombres de Consejo de Guerra Permanente, Consejo de Purificación, y Junta de Secuestros. Este último atendía a los acusados menos comprometidos y sancionaba con multas y expropiaciones, a diferencia de los dos primeros ante los cuales concurrían forzados los insurgentes de más responsabilidad, y eran condenados a muerte o a prisión. En diez años de represión, de 1811 a 1821 pasaron de trescientas las ejecuciones oficialmente decretadas por los españoles. Aunque es de notar que muchas otras, sin proceso judicial o militar, constituyeron verdaderas masacres y genocidios. Se refiere que tras la toma de Cartagena, Tomás Morales y su gente asesinaron sin fórmula de juicio a unos cuatrocientos cartageneros.
Entre los ejecutados por la causa de la libertad de Nueva Granada se cuentan Antonio Villavicencio, Crisanto Valenzuela, Jorge Tadeo Lozano, Miguel de Pombo, Antonio Baraya, Custodio García Rovira, Joaquín Camacho, Liborio Mejía, Manuel de Bernardo Álvarez, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, y éstos solamente en Santa Fe.

LA CAMPAÑA LIBERTADORA

Tras el baño de sangre a que son sometidas la Nueva Granada y sus extensiones de Venezuela y Quito, se prepara la campaña de Bolívar, que tendrá comienzo con la llamada Expedición de Los Cayos. En 1815, mientras Morillo se pasea por las tierras reconquistadas, está Simón Bolívar en Jamaica y mantiene vivo su pensamiento y su entusiasmo por la liberación de las colonias españolas. Uno de los documentos fundamentales en la historia del pensamiento político es su CARTA DE JAMAICA, epístola que dirige al inglés Henry Cullen. En ella describe la naturaleza y los intereses de los insurgentes americanos, destaca los beneficios que para el comercio produciría la independencia, y plantea las que a su juicio serán las fórmulas de organización futura de los Estados que surjan de la insurrección, y las relaciones internacionales que se desarrollarán a partir de una nueva y distinta realidad geopolítica.

La Expedición de Los Cayos toma forma con el apoyo de Petion en Haití, y con doscientos cincuenta hombres se dirige a costas continentales. Lo acompañan Brion, Sucre, Briceño Méndez, Salom, Mariño, Soublette, Zea, y otros militares granadinos y venezolanos. Desembarca en Ocumare -Venezuela- y declara terminada -por su parte- la guerra a muerte que había iniciado con el Decreto de Trujillo -y decreta la abolición de la esclavitud. Desconocida la autoridad de Bolívar por Mariño y otros, decide regresar a Haití. La anarquía hace presa del pequeño ejército y por boca de Zea le reclaman de nuevo su dirección de las tropas. Regresa entonces y da principio a la campaña de Guayana que lo conduce a apoderarse de la provincia en 1817, con lo cual puede dar sede al gobierno independiente en la ciudad de Angostura. En 1818 derrota a Morillo en Calabozo. Aunque la batalla no es decisiva, y pese a la habilísima retirada de Morillo, en adelante las fuerzas españolas empiezan a perder aceleradamente territorio, hombres y recursos. Bolívar crea para la administración política un Consejo de gobierno y convoca un Congreso al que concurrirían diputaciones de las provincias liberadas. Ante el Congreso de Angostura, en 1818, Bolívar renuncia al mando. Pero es elegido por unanimidad Presidente de la República y comandante militar con poderes extraordinarios para continuar la campaña hasta consolidar la libertad. La administración política queda en manos de Francisco Antonio Zea, con el cargo de Vicepresidente.

Bolívar se traslada de Venezuela a los Llanos Orientales de Nueva Granada y recibe como aporte las columnas que Santander ha preparado con gran eficiencia. El avance hacia la capital es duro porque las fuerzas realistas presentan gran resistencia. Sin embargo los españoles son vencidos y seriamente disminuidos en sus recursos en la Batalla del Pantano de Vargas, el 25 de Julio de 1819, y retroceden hasta su derrota del Puente de Boyacá, el 7 de agosto siguiente.El ejército patriota entra a Santa Fe el 10 de agosto. Tras recibir el homenaje de la ciudadanía, Bolívar se ocupa de organizar el gobierno y enviar tropa a reprimir los últimos bastiones realistas que quedaban tras la fuga del Virrey y las autoridades españolas.

LA GRAN COLOMBIA -1819 A 1830-

Bolívar toma camino de Angostura, donde Zea había sido obligado a renunciar a la Vicepresidencia. Como encargado deja en la Vicepresidencia en Santa Fe al General Santander quien empieza la formidable tarea de la organización de la República. El 11 de Noviembre está Bolívar en Angostura, y tres días después se reúne el Congreso para escuchar su informe de victoria. El 17 de diciembre de 1819 se proclama la Ley Fundamental de la República, y de ella destacamos los aspectos esenciales, que son nervio y eje en la construcción de la nacionalidad:

--- Nueva Granada y Venezuela se integran bajo el nombre de República de Colombia. (Bolívar siempre había soñado con ese nombre, como homenaje al descubridor del Nuevo Mundo).

---El territorio comprendía naturalmente la provincia de Quito, que era parte de la Nueva Granada.

---La organización sería como República, con cabeza en un Presidente y un Vicepresidente.

---Las tres provincias tendrían gobierno en sus respectivas capitales -Caracas, Quito, y Bogotá (que sería el nuevo nombre de Santa Fe).

---Y se convocaría un Congreso General en la Villa del Rosario de Cúcuta para discutir y aprobar una nueva Constitución para el Estado ya definitivamente independiente.

También fué ésta la ocasión para atribuir oficialmente a Simón Bolívar el título que la habían dado los pueblos: Libertador de Colombia.

Para considerar la importancia de los conceptos que se debaten en el Congreso de Angostura es menester recordar el influjo del Libertador en el mismo, a través de sus mensajes y discursos.

La idea de una vasta república no era improvisada, sino que tenía antecedentes en la organización misma dada por la Corona a estas tierras. De hecho y de derecho, el Virreinato de Santa Fe había cobijado un vasto territorio que unía no solamente a Venezuela, Nueva Granada y Quito -hoy Ecuador- sino que había integrado al mismo desde principios del siglo XVIII zonas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Brasil. Esto no había impedido, sin embargo, que el deseo de organización federada tuviera numerosos partidarios ante la imposibilidad de una administración eficaz para tan extenso país. A más de que conspiraba contra las aspiraciones de las provincias el exagerado centralismo operante en las capitales.

El Libertador acariciaba desde su estadía en Jamaica la idea de una gran república central con el nombre de Colombia, con una capital que imaginaba bajo el nombre de Las Casas, en homenaje al obispo protector de los indios, organizada a imagen de la administración inglesa, sin rey, pero con un presidente elegido y vitalicio, y un legislativo bicameral con una cámara hereditaria y otra electiva.

La formación política de Bolívar permitía la confluencia de las ideas clásicas de Grecia y Roma con la experiencia revolucionaria de la Europa que él recorrió cuando se desarrollaban tales procesos. De ahí la compleja mixtura de sus propuestas. En su discurso en Angostura, cuando todavía no se había terminado la lucha, en febrero del 19, propone las ideas rousseaunianas de la soberanía popular, las libertades civiles, el igualitarismo, la abolición de la esclavitud y de la monarquía. Y al lado, pone la propuesta de la división de los poderes, al modo de los ingleses, según la interpretación de Montesquieu. Pero le atrae más un senado aristocrático y hereditario, y teme a los desafueros de la democracia. Piensa que las gentes no saben lo que les conviene, y deben depender de una clase política estable e independiente tanto de las veleidades de las masas como de las presiones del gobierno. De las costumbres e ideas grecolatinas toma la idea de los Censores, que vigilen la conducta de los ciudadanos y corrijan la corrupción, con lo que trasciende el objetivo político de la vida social y se adentra en el dirigismo moral que tan caro ha sido a los gobiernos confesionales y de extrema derecha. Podría afirmarse que los contemporáneos de Bolívar tenían más sentido de la realidad en la que estaban inmersos. Y por ello es apenas lógico que entonces y después -cuando transfirió sus deseos a la Constitución Boliviana- hayan sido rechazadas sus ideas preferidas: El ejecutivo fuerte o dictadura constitucional, el legislativo aristocrático y hereditario, y el control de la moralidad como atributo del gobierno.

CONGRESO DE CÚCUTA 1821

De mayo a octubre se adelantan las sesiones del Congreso de Cúcuta, reunido en la Villa del Rosario, e instalado por Antonio Nariño, designado por Bolívar Vicepresidente interino para estos efectos. Nariño es confirmado en el cargo de Vicepresidente por el mismo Congreso, pero más tarde presentará renuncia y será reemplazado por José María del Castillo y Rada. El Congreso es presidido por el doctor Félix de Restrepo.

La labor fundamental del Congreso fué la expedición de la Constitución. Pero aparte de ello emitió algunas leyes trascendentales para la organización que empezaba y para la consolidación de la independencia. Estableció el impuesto sobre la renta, ordenó el reparto de los resguardos y el otorgamiento de títulos de propiedad a los indígenas, decretó la libertad de partos de las esclavas, adoptó como símbolos patrios el escudo -con diseño diverso del actual- y la bandera imaginada por Miranda en 1806, similar en lo esencial a la de hoy, creó colegios y escuelas, y en lo político designó a Bolívar y a Santander para la Presidencia y la Vicepresidencia, respectivamente, de la República.

Para definir la Constitución Política de la República se conocieron dos proyectos, presentados el uno por el Vicepresidente Nariño a nombre del gobierno, y otro elaborado por una comisión del Congreso. El proyecto de Nariño proponía una organización federal. Y aquí es oportuno reflexionar sobre el cambio de bando del Precursor quien anteriormente, en los tiempos tormentosos de la Patria Boba, era el paladín del centralismo. Analistas de nuestro proceso político derivan de este cambio de criterios la idea de que el Precursor de la Independencia tenía notable perspicacia en la consideración de los movimientos sociales, y de la misma manera que examinaba lo que acontecía en el momento presente, avizoraba las consecuencias a largo plazo. Piensan por ello que con especial acierto, Nariño adoptó en ambos momentos la posición más acertada conceptual y estratégicamente. El veía, como nadie entre sus compatriotas, que un país disgregado y sometido a una pluralidad de cabezas en 1813 sería fácil presa de la reconquista que ya se preparaba en la península. Solo una administración enérgica, fuerte y centralizada podría diseñar y ejecutar las tácticas para la preparación de la defensa y la consolidación de la insurrección. Del mismo modo, corresponde a un verdadero visionario, tomar nota de que la extensión del territorio, la pluralidad de intereses, y el surgimiento de partidos de diversa clase, obstaculizaban -como pudo verse casi desde el momento de la reunión del Congreso de Cúcuta- el proyecto de una república centralista. También en este momento tenía razón Nariño con su posición federalista, y los acontecimientos no tardaron en señalar su acierto, cuando tras la muerte de Bolívar, la única personalidad que podía mantener la cohesión, la Gran Colombia se disolvió en varios Estados. La oposición a los puntos de vista del Precursor, y la preferencia que mostraron los congresistas por su propio proyecto, decidieron a Nariño a presentar su renuncia, con los el resultado atrás anotado.

El proyecto aprobado por el Congreso establecía una república unitaria, con soberanía radicada en la nación -al modo de Sieyés- con unos gobernantes que la representaban; el legislativo era bicameral y sus miembros llegaban al cargo por votación indirecta, pues procedía de asambleas electorales. El Vicepresidente presidía el Consejo de gobierno, integrado por los Ministros o secretarios del Despacho, pero su opinión era consultiva, no obligaba. El Presidente y el Vicepresidente eran elegidos en votación indirecta para un período de cuatro años. Los departamentos eran administrados por un Intendente que tenía el carácter de agente del Presidente, y las provincias por gobernadores sujetos al Intendente. El ejecutivo carecía de iniciativa para la legislación, y algunos de los altos cargos requerían confirmación por el Senado tras la designación por el Presidente. Condición, ésta última, que se tomó a imitación de la fórmula estadounidense. El poder judicial tenía por cabeza la Alta Corte, con miembros elegidos por el Senado, de los candidatos presentados por el Presidente y por la Cámara, y que permanecían en funciones en forma vitalicia condicionada a la buena conducta. El sufragio es restringido, pues carecen de él los jornaleros y trabajadores dependientes. Una reforma posterior privó del voto a los analfabetas. Dividió el territorio en departamentos, provincias, cantones y parroquias.

El texto aprobado no fué del agrado de Bolívar, sobre todo por su acento civilista. En ella están las semillas que con más tesón se han defendido a lo largo de la historia. Surgen de ella la prioridad civilista sobre las urgencias militares, y desarrolla el sentido liberal y democrático, moderado por el interés en el orden interno y en las relaciones exteriores en términos de igualdad soberana. Corresponde al ejemplo de lo que más adelante se denominó Estado demoliberal, esto es, sometido a la legalidad y autolimitado en defensa de los intereses comunes. Pero la importancia destacable de esta Constitución está en haber sido la primera de cobertura nacional, dado que las anteriores tuvieron el carácter de provinciales.

La vigencia de esta Constitución tuvo una duración precaria, pues la pluralidad de intereses movidos a través de las instituciones provinciales y municipales, en muchos casos atribuibles al personalismo de las familias que defendían sus viejos feudos, pronto mostró la debilidad estructural de la administración. Al parecer sólo se sostuvo por el breve tiempo en que continuaba la lucha independentista en los pocos lugares donde la influencia española aún resistía. En 1826, culminada la Campaña con los combates de Junín y Ayacucho, la disolución de la Gran Colombia era una realidad a plazo breve. Bolívar luchaba a brazo partido por la preservación de su ideal integracionista, pero esta actitud lo convirtió casi en el enemigo de la Constitución de Cúcuta, o al menos así lo interpretaron los disidentes de su criterio. Y nuevos errores políticos recayeron sobre la difícil situación política, como lo muestran los episodios siguientes.

CONSTITUCIÓN BOLIVIANA

Bolívar parte hacia el Sur, con autorización del Congreso, para llevar la revolución al Perú y buscar la liberación de esos amplios territorios. A mediados de 1823 Bolívar llega al puerto de El Callao. Bien recibido en Lima, se encuentra con una cerrada controversia entre el gobierno y el Congreso, y aunque era el gobierno de Riva Agüero el que había solicitado su cooperación militar, accede a combatirlo con el respaldo del Congreso peruano. A la postre se descubrió que tanto Riva Agüero como su sucesor, Torre Tagle, traicionaban los intereses de la nación. El Congreso suspendió a Torre Tagle, le dio facultades dictariales a Bolívar, y entró en receso para no obstaculizar la organización de la lucha y de la administración encomendadas a Bolívar. Con seis mil colombianos y cuatro mil peruanos puso marcha el ejército, secundado por algunos jefes sobresalientes, entre ellos Sucre y Córdoba. Vence a los realistas en Junín, el 24 de agosto de 1824, y confirma la independencia con la victoria de Ayacucho en diciembre del mismo año. El Congreso peruano aprobó honores y gratitud para sus libertadores, y presionó la continuación de Bolívar en el gobierno con atribuciones de dictador. En 1825 Bolívar recorre el Alto Perú, y una asamblea, convocada por Sucre unos meses antes en Chuquisaca, decreta la erección de tales territorios en Estado independiente con el nombre de República de Bolívar -después Bolivia-, y da a Chuquisaca el nombre de Sucre adscribiéndole la condición geopolítica de capital de la administración. La Asamblea exigió además que Bolívar fuera el primer presidente del nuevo Estado y que él mismo redactara la Constitución. Bolívar accedió, dejando en el poder a Antonio José de Sucre. En la Constitución que redacta el Libertador para Bolivia consigna sus criterios políticos y proyecta su idealismo -o su falta de pragmatismo-, y la presenta a los bolivianos como "una obra de los siglos" donde presume haber reunido las opiniones de los sabios y todas las lecciones de la experiencia.

Si bien Bolívar había combatido a la monarquía, era partidario de gobiernos fuertes y autoritarios, de ejecutivos vitalicios y hereditarios o cooptados, inclusive militaristas, por lo cual algunos pudieron comentar sus actitudes aduciendo que era enemigo de las monarquías ajenas pero partidario de la suya propia. Hubo momentos de crisis en los cuales, decepcionado de la ingobernabilidad de los criollos, alentó a los partidarios de la monarquía para promover en su favor o el de algún príncipe europeo la instauración de un reino.

La Constitución Boliviana consagra la república central y unitaria con gobierno representativo y división de poderes, y a ésta le introduce una innovación original: a más del legislativo, el ejecutivo y el judicial, un poder electoral. El ejecutivo, fuerte como él lo consideraba preferible, era vitalicio e irresponsable en la persona del Presidente. Existía un Vicepresidente, responsable como Jefe del Gabinete, y removible a voluntad del Presidente. Los magistrados del poder judicial eran vitalicios, con dependencia de su buena conducta. El poder legislativo estaba compuesto de tres cámaras: Tribunos, Senadores, y Censores. Estos últimos tenían funciones de control moral sobre los gobernantes y los gobernados. No se podía reformar la Constitución antes de diez años de su vigencia plena.

La Constitución fué promulgada en Bolivia, y a solicitud de Bolívar, tambien en el Perú, con la cláusula de que el Libertador, y no otro, sería su Presidente Vitalicio. Con tales éxitos políticos, Bolívar tuvo la sensación de que lograría igual aquiescencia en la Gran Colombia. Pero la sola pretensión exasperó los ánimos y generó controversias que originaron la aparición verdadera de dos partidos, los bolivarianos y los antibolivarianos. Los primeros, simpatizantes del autoritarismo militarista y de la influencia del círculo venezolano encabezado por el General Urdaneta, y los segundos con la dirección del General Santander, llamados legitimistas por su defensa de la Constitución de Cúcuta y de las garantías civiles y democráticas. A la polémica le agregaban leña las facultades dictatoriales que le iban confiriendo a Bolívar las provincias por donde pasaba en su itinerario de retorno a Bogotá, y la rebelión de Páez en Venezuela -1826- que amenazaba con instaurar la monarquía de Bolívar en su propia patria.

LA CONVENCIÓN DE OCAÑA

El Congreso convocó para 1828 una Convención Nacional en la ciudad de Ocaña, con el objeto de que se le introdujeran algunas modificaciones al articulado de la Constitución de Cúcuta. Esta había sufrido numerosos ataques sobre todo de los bolivaristas, quienes -en palabras del Libertador- querían simplemente introducir algunos principios conservadores sin lesionar su espíritu republicano. La situación en el país había llegado a ser sumamente compleja con la convergencia de varios sucesos que sacudían a la opinión pública. La administración del Vicepresidente Santander en ausencia de Bolívar había reforzado el influjo político del santanderismo antibolivariano, legitimista y liberal. En Venezuela se rebelaba Páez con la amenaza real de promover la separación. Bolívar había instaurado su Presidencia vitalicia en Bolivia y Perú. Y se alzaban voces en Colombia en favor de tal proyecto, que repugnaba a las mayorías republicanas y antimonarquistas, las cuales todavía conservaban el recuerdo fresco de las luchas por la emancipación que eran luchas contra el personalismo y las poses aristocratizantes.

Los amigos de Bolívar hacían circular copias de la Constitución Boliviana y planteaban la necesidad de un gobierno fuerte para organizar el país. Muchos pueblos siguieron el ejemplo de Guayaquil y redactaron documentos en los cuales desconocían la vigencia de la Constitución de Cúcuta y proclamaban la conveniencia de otorgar poderes dictatoriales a Bolívar. Estos documentos han sido llamados por algunos historiadores las actas de la dictadura, aunque no son homogéneos ni en la forma ni en el contenido. Hay qué observar como hecho concomitante que la guerra de independencia había creado una verdadera casta militar, cuya fuerza mayor provenía de Venezuela: En efecto, en la guerra de la emancipación, Colombia puso los soldados rasos en tanto que Venezuela puso la oficialidad. Y esta oficialidad de mayoría venezolana, paisana del Libertador- generó mucha animadversión con sus descomedidas actuaciones políticas y sociales en Bogotá, donde se convirtió en una verdadera Guardia Pretoriana en torno a Simón Bolívar. Bolívar tenía plena consciencia de ello, cuando explicaba en 1828, según texto de Luis Peru de Lacroix: "...hombres de todas las castas se hallan hoy entre nuestros Generales, jefes y oficiales, y la mayor parte de ellos no tienen otro mérito sino el valor brutal, que ha sido tan útil a la República, haber matado muchos españoles y haberse hecho temibles..." De manera que en buena parte el antibolivarismo de muchos espíritus demócratas de Colombia tiene sentido como reacción ante los abusos del militarismo convertido en privilegio de una camarilla.

Cuando se inicia la Convención, está claro que quienes concurren representan nítidamente dos posiciones ideológicas, dos partidos perfectamente alinderados. De un lado, los seguidores de Bolívar, promotores del autoritarismo y la dictadura. De otro lado, los amigos del Vicepresidente Santander, con la investidura de legitimistas, liberales, partidarios de las garantías democráticas, y promotores de la administración civilista en contraposición a la desbocada ingerencia militarista.

Por coincidencia, encuentran algunos analistas, el bolivarismo de este momento encuadra a numerosos centralistas de la Patria Boba, en tanto que el santanderismo asila los reductos de lo que antes fué federalismo.

Hubo buena mayoría santanderista, y con notable oportunismo el General cucuteño obtuvo que se modificara la ley de convocatoria para excluir como elegible a la diputación al Presidente en ejercicio, es decir, a Bolívar, mas no a su Vicepresidente. Santander fué, pues, elegido diputado a la Convención. Se abrió la sesión el 9 de abril con 64 diputados de los 108 elegidos, y empezó el estudio de dos proyectos de Constitución: El proyecto gobiernista o bolivariano fué redactado por José María del Castillo y Rada; Vicente Azuero presentó el proyecto antibolivariano.

El proyecto gobiernista consideraba facultades extraordinarias para el Presidente en ciertos casos, período presidencial de ocho años, un Consejo de Estado compuesto por los secretarios del despacho presidencial, un ejecutivo colegislador, y una reformabilidad de la Constitución moderada en su procedimiento.

El proyecto oposicionista creaba legislaturas en cada departamento, excluía la posibilidad de facultades extraordinarias al Presidente, un Consejo de Gobierno impuesto al Presidente se originaba en el Congreso; período presidencial de cuatro años sin reelección para el período siguiente; y largo y difícil trámite para la reforma de la Constitución.

Ante la imposibilidad de algún logro, tras dos meses de inútiles deliberaciones, los bolivaristas se retiran y, roto el quorum, la Convención fracasa.

A fines de agosto, Bolívar hace conocer el Decreto Orgánico de la Dictadura respondiendo a las excitaciones de sus partidarios de Colombia y Venezuela, con proyección hasta 1830. En él estatuye el Consejo de Estado como cuerpo asesor del gobierno, y promete respeto a la libertad de expresión. Vista la realidad histórica con la frialdad que propicia el paso del tiempo, parece que la dictadura del Libertador estuvo más en la actitud que en la legislación. Bolívar hizo uso del poder, pero no se descarrió en la pretensión de legitimar los abusos. El mismo comprendió la gravedad del compromiso cuando pidió a sus conciudadanos compasión "por el pueblo que obedece y el hombre que manda solo".

Bolívar ejerce el poder a plenitud. Decreta la abolición de la Vicepresidencia, y reglamenta algunas de las consideradas libertades públicas. La situación estaba caldeada y los ánimos exaltados, de modo que la subsiguiente conspiración septembrina es claramente explicable como consecuencia de todo ello.

Tras la fallida conspiración, el Presidente Bolívar deroga el Decreto Orgánico y se consolida la verdadera dictadura."De hoy en adelante pondré en práctica la autoridad que por el voto nacional se me ha confiado, con la extensión que las circunstancias hagan forzosa... Las mismas circunstancias fijarán la duración de esta extensión de autoridad." Así lo dice el documento derogatorio. Catorce conspiradores son ejecutados. Otros se fugaron. A Santander se le conmutó la pena de muerte por el destierro, y salió rumbo a Europa. La imagen de Santander ha sido examinada en profundidad por la historiografía. No se alientan dudas sobre algunos aspectos concurrentes en estos episodios: Santander era enemigo de Bolívar. Era jefe de la oposición al gobierno. Indicó y estimuló la conveniencia de su retiro de la Presidencia. Pero se descarta que hubiera participado directamente o con su anuencia en la conspiración. Algunos inclusive postulan que la conspiración se hizo efectiva contra la voluntad del General.

CONSTITUCIÓN DE 1830

El año de 1829 estuvo señalado por diversos hechos que agudizaron la crisis del gobierno, entre ellos la rebelión y asesinato del General José María Córdoba. Bolívar instaló el Congreso Constituyente a principios de 1830, que él mismo llamó admirable por la calidad de los miembros y la serenidad de los debates. Ocupó su presidencia el Mariscal Antonio José de Sucre, y fué Vicepresidente el Obispo Estévez de Santa Marta. Bolívar se retiró del mando el 1o. de marzo.

Esta Constitución, que no tuvo vida política ninguna, intentaba crear normas para la Gran Colombia, que en la práctica estaba ya disuelta por la separación de Venezuela y de Ecuador. Dando juego a las transacciones entre los partidos intentó restablecer el equilibrio administrativo e ideológico y moderar el centralismo que caracterizaba a la Constitución de Cúcuta. Llegó tarde, sin embargo, esta solución. Y dio entrada a la dictadura del general venezolano Rafael Urdaneta que se prolongará hasta abril de 1831.

DISOLUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA

La unión política de Nueva Granada, Venezuela y el departamento de Quito -hoy república de Ecuador- se originó en el Congreso de Angostura, en 1819, y duró solamente hasta 1830. Respondía al ideario bolivariano y era el intento de construir un Estado grande y poderoso, que no solamente estuviera en condiciones de hacer la guerra anticolonialista con éxito, sino de complementar la victoria con una organización sólida y una prospección futurista de desarrollo, civilidad y riqueza. En la década en que se vivió tal unión, probablemente cumplió esos objetivos. Pero el mismo Bolívar mostró su escepticismo después de 1825 cuando empezaron los conatos de separación y el retorno a los intereses parroquiales de los líderes políticos y militares cuya visión era más reducida y pragmática. Gracias a esa integración fué posible movilizar fuerzas y llevar la libertad a las naciones vecinas.

De otro lado, conspiraban contra la unión de estos pueblos varios institutos ya ampliamente analizados por la historiografía. La Colonia había dado impulso a varios centros políticos que en la realidad mantuvieron su influjo: Caracas y Quito siempre tuvieron recelos del centralismo de las autoridades arraigadas en Santa Fe y Bogotá. Siempre fué difícil sustentar la obediencia de Venezuela y Quito a las directivas de Santa Fe. Asimismo, la estructura sociológica yuxtaponía sin lograr la integración, esas tres almas nacionales intuidas por el Libertador: el militarismo de los venezolanos, la vida casi ascética de los quiteños, y la vida universitaria e intelectual, muchas veces colindante con el leguleyismo, de los neogranadinos. En los comienzos de la república, hacia 1812, el centralismo fué defendido por Nariño, con gran visión de las necesidades del momento y de la conveniencia de unificar el mando militar para la defensa del vasto territorio. Sin embargo, pasados los años y vividas las penosas experiencias posteriores, el mismo Nariño -nuevamente con gran visión política- propugnó el partido contrario, la federación, con la consideración de que las disensiones internas y los intereses políticos no daban un futuro promisorio para una administración centralizada. El análisis político, la visión de la historia a posteriori, permite inferir que en ambos casos tenía razón el prócer santafereño...

A más de las expuestas, que son verdaderamente razones sociopolíticas, hay muchos hechos coyunturales que inciden en el separatismo. Se daban frecuentes resquemores en el tratamiento entre los militares de un lado y otro. Los militares granadinos se sentían postergados y hallaban favoritismos intolerables del gobierno y de Bolívar hacia sus paisanos, y éstos por su parte fueron algunas veces perseguidos y acusados por el Congreso civilista de los santafereños. El desconocimiento de las directivas del gobierno era lógico en un territorio inmenso e incomunicado, y se unía a la fácil rebelión frente a un gobierno física y afectivamente distanciado. La persona misma del Libertador, cuya talla heroica y carismática era venerada y acatada aquí y allá se mantenía lejana, ocupado el guerrero en la conquista de la libertad para otros pueblos, y quienes le reemplazaban en el ejercicio del gobierno, especialmente Santander, eran incapaces de mantener la unión de los pueblos y la disciplina de los ejércitos. No poco ha de atribuirse, asimismo, al influjo de los caudillos que en sus áreas de influencia -Páez en Venezuela y Flórez en Ecuador- alentaban sus propios y personales intereses.

LA MUERTE DEL LIBERTADOR

Tras la muerte del que fué su más grande sueño, no podía Bolívar sobrevivir un largo tiempo. El 17 de diciembre muere en la Quinta de San Pedro Alejandrino, paradójicamente propiedad de un peninsular. A partir de 1830 empieza a revisarse concienzudamente el pensamiento bolivariano, abigarrado de aciertos y errores pero colmado de sentido político y preñado de futuro. Qué pensó Simón Bolívar para su tiempo y para el nuestro?

Se conoce la precariedad de sus cálculos para los días inmediatos, y el fracaso de sus ideas en el momento mismo en que las quiso realizar. Sin embargo, pensando en función de patria, no para el día sino para la eternidad, Bolívar fascina al estudioso por la hondura de sus pensamientos y la proyección futurista de sus perspectivas. Bien puede decirse que una alta proporción de su pensamiento, de lo que ideó y quiso para América, está por hacerse y conserva su oportunidad y sus conveniencias. El valor del genio está en la intemporalidad de su pensamiento, y algunos encuentran allí mismo la raíz de su frecuente fracaso.

LA REVOLUCIÓN DEL 39

Fué originada, al parecer, en el descontento generado con la supresión de algunos conventos. Debe tenerse presente que se decidió por el Congreso, a solicitud del obispo de Popayán, y el gobierno simplemente ejecutó la decisión. Obando amenazó a Popayán, y fué reprimido por el General Herrán y tratado con generosidad ejemplar. Pero difundida la especie de que Obando estaba implicado en el asesinato de Sucre, se reinició la rebelión y se extendió a gran parte del país hasta principios de 1842. Resalta en estas acciones como en muchas otras anteriores y posteriores, el influjo de la religión católica en el proceso de la historia política de Colombia. A pesar de su radicalismo liberal, el General Obando se dio el título de Supremo Director de la Guerra y Protector de la Religión del Crucificado. Muchos jefes locales dieron su apoyo a la revolución, pero a la postre el gobierno logró reprimir el alzamiento. Una de las batallas para destacar es el triunfo legitimista del General Braulio Henao en Salamina (Caldas) en mayo del 41.

Terminada la revolución o guerra de los Supremos se hace notorio que la Constitución del 32 es muy generosa en las atribuciones a los gobiernos provinciales y debilita la administración central, lo cual como se ha mostrado por la revolución es especialmente grave en la presencia de crisis y conmociones. El gobierno central ha parecido maniatado por la Constitución misma, mientras los jefes regionales hacían de las suyas promoviendo sus ambiciones políticas.

CONSTITUCIÓN DE 1843

Pacificado el país por el Presidente Pedro Alcántara Herrán, las legislaturas del 42 y 43 redactan la nueva Constitución requerida por el gobierno y aconsejada por las anteriores circunstancias. Sancionada en abril, tiene algunas características que la muestran como reacción frente a la del 32. Sustituye con el Consejo de Gobierno el Consejo de Estado. Los Gobernadores y Agentes Diplomáticos pasaron a ser de nombramiento del Presidente. El Gobierno podría presentar proyectos de ley. Los Magistrados de la Corte Suprema, designados por el Congreso, harían ternas de las cuales el Presidente elegía los Magistrados de los Tribunales de Distrito.

El bandazo que da el constituyente, desde el anterior federalismo hasta el fortalecimiento del ejecutivo, lleva a los críticos a tildar de monarquista la nueva Carta. Ya los partidos estaban en formación, y sus enfrentamientos conceptuales fueron enfocados a partir de la Constitución misma. Esta reconocía en forma muy amplia las garantías civiles y las libertades individuales. Se modificó el régimen de elecciones para corregir su exagerada frecuencia. Se amplió la base poblacional para darle más representatividad al Congreso, y se desarrollaron con claridad sus atribuciones. A pesar de la ingerencia del ejecutivo en la conformación de los Tribunales, se consolidó la independencia del poder judicial. Se consagraron para el Presidente atribuciones extraordinarias para los tiempos de conmoción, y se confirmaron sus facultades administrativas ordinarias. Se atribuyó al Congreso la interpretación de la Constitución, y se facilitó el trámite de su reforma. El Título III de la Carta se define como inmodificable, y en él se consagra el gobierno como republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. Se considera la tridivisión en poderes legislativo, ejecutivo, y judicial. Como garantías fundamentales la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Y se compromete al gobierno en la protección, sostenimiento y preservación de la religión católica, apostólica y romana, con el carácter de única reconocida y aceptada.

Pero las instituciones políticas son sumamente dinámicas si se considera que las sociedades no son homogéneas, y ningún tipo de organización satisface a todos los individuos. Así, con la vigencia de la Constitución del 43 empieza también su examen crítico, y quienes están descontentos con ella planean reformas y aún piensan en sustituirla y recuperar más amplias libertades y garantías, menos restricciones, y más favores en beneficio de la descentralización y el federalismo.

Aunque los pasos dados a partir de 1810 en materia de organización social, económica y política, fueron de suma importancia, la observación de los procesos mostraba que todavía a mediados del siglo XIX, muchas instituciones, costumbres, y modos de vida, eran en Colombia de carácter colonial. En verdad, la estructura había cambiado muy poco en materia de impuestos y todavía estaban sometidos a los estancos del tabaco y el aguardiente como rentas oficiales, existía la esclavitud, y los terratenientes administraban la propiedad agraria como en los viejos tiempos. Uno de esos grandes propietarios era la Iglesia, y disfrutaba de numerosos privilegios, constituida casi en cogobernante del país, con notoria manipulación de los movimientos electorales en favor de los criterios más conservadores y autoritarios. El régimen de alcabalas, diezmos y comercio exterior, no había tenido ningún progreso. Y ello a pesar de que a costa de mucha sangre se habían introducido elementos políticos de trascendencia, como el sistema de elecciones más o menos democráticas, las garantías y libertades civiles, el principio de legalidad de las decisiones administrativas, etc. Para muchos historiadores la consideración es que treinta años después de lograda la independencia, todavía se continuaba viviendo en plena colonia. Razones como las expuestas condujeron a una reacción importante en muchos sentidos, y que ha sido conocida como la revolución del medio siglo.

LECTURA COMPLEMENTARIA:

DECLARACIÓN DE DERECHOS
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución Nro. 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL

PROCLAMA

la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2.-1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.- Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa la persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Art. 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Art.11.-1 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el Derecho Nacional o Internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Art. 12.- Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.

Art.13.-1 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Art.14.-1 En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Art.15.-1 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Art.16.-1 Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.

3. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Art.17.-1 Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Art. 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Art. 19.-Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Art.20.-1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Art.21.-1 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Art. 22.-Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Art.23.-1 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Art.25.-1 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y al bienestar, y en especial la alimentación , el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Art.26.-1 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Art.27.-1 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Art. 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Art.29.-1 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Art. 30.- Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.