CRISIS DEL LIBERALISMO

V

CRISIS DEL LIBERALISMO

La segunda administración de López Pumarejo estuvo sacudida por diversos hechos, entre los cuales no fue el menos importante el conflicto interno de su partido. Varios sectores recibieron con desagrado su aparente apertura a la influencia socialista, la complicación del gobierno en actitudes sectarias, la actitud prevenida ante la influencia eclesiástica y el freno que puso a la intervención política de los jerarcas católicos; la coalición de éstos con los terratenientes puso en peligro su política social, y tuvo dificultades con el orden público.

El 10 de julio de 1944 se produjo un golpe de Estado, y el Presidente fué puesto prisionero en Pasto. Asumió el mando el Doctor Darío Echandía y declaró en estado de sitio todo el territorio. Dos días después fué controlado el golpe de cuartel y repuesto en su cargo el Presidente titular.

Con tal ambiente se realizó la reforma constitucional de 1945.

En ella se buscó la tecnificación operativa del Congreso y el fortalecimiento del Ejecutivo. Para ello se creó la posibilidad de dirigir mensajes de urgencia al Congreso para apurar la discusión de los proyectos en los que estuviera interesado el gobierno. Y creó las comisiones permanentes para efectuar el primer debate de los mismos. Autorizó la creación legislativa de la carrera judicial. Creó la jurisdicción del trabajo. Y autorizó la creación de Departamentos Administrativos para especializar el desarrollo de programas atribuidos a los ministerios. La reforma atribuyó, asimismo, el control de constitucionalidad de los Decretos al Consejo de Estado. Suprimió la segunda Designatura y la encomendó al Ministro de Gobierno. Y pasó a elección popular la de los Senadores, que se reservaba a las Asambleas.

El Presidente López se esforzó por continuar en este segundo período sus proyectos de política social, que había empezado con el nombre de la Revolución en marcha. Pero las circunstancias habían cambiado y encontró fuertes resistencias que lo llevaron a renunciar cuando faltaba un año para terminar su período. ALBERTO LLERAS CAMARGO lo reemplaza hasta finalizarlo. Se dice de él que concilió los ánimos y apaciguó los espíritus devolviendo a la sociedad la tranquilidad perdida. En su gabinete entraron a colaborar los conservadores, y con ello el clima político tuvo un giro de ciento ochenta grados. A más de la concordia lograda, es su principal realización la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana. Fué el suyo un gobierno de transición, pues el partido liberal estaba debilitado y el conservatismo recuperó su dinámica, y con ello retornó al gobierno.

ADMINISTRACIÓN OSPINA PÉREZ 1946-1950

El liberalismo se presentó dividido con dos candidaturas -GABRIEL TURBAY y JORGE ELIECER GAITAN- con las cuales obtuvo casi ochocientos mil votos. Pero OSPINA PÉREZ, candidato del conservatismo unificado se llevó el triunfo con menos de seiscientos mil. Se repitió a la inversa la historia electoral de 1930.

El ingeniero antioqueño MARIANO OSPINA PÉREZ, político y empresario, ex-rector universitario, gerente de la Federación de Cafeteros, denominó UNIÓN NACIONAL su proyecto de gobierno. Hizo un gabinete con colaboración de algunos liberales, y proyectó la composición bipartidista del mismo con el nombramiento de gobernadores de ambos partidos, igualmente por mitad de uno y otro, colores políticos. Descolló por sus realizaciones en el campo de las obras públicas. Como política de mejoramiento social amplió la capacidad operativa de la Caja Agraria y del Instituto Nacional de Abastecimientos. Contrató la asesoría económica del profesor Lauchlin Currie y su equipo, quienes elaboraron un plan de desarrollo para el país. Creó el Seguro Social Obligatorio, y el Instituto encargado de llevarlo a cumplimiento. Bajo su gobierno entra al panorama jurídico-social el Código Sustantivo del Trabajo, y el correspondiente procedimiento.

EL "BOGOTAZO" DEL NUEVE DE ABRIL

La lucha política se desarrollaba con especial acerbía, y se criticaba al gobierno la descomposición de sus interese altruistas de los primeros meses. Subalternos del alto gobierno, con la tolerancia e impunidad propiciadas desde arriba, incurrían en frecuentes abusos contra la oposición, y se observaba una descarada politización de los institutos oficiales y en especial de las fuerzas de policía gobiernistas, lanzadas prácticamente a la violencia oficial contra los opositores y críticos del gobierno. JORGE ELIECER GAITAN, ante la violencia oficial contra los liberales, rompió con la UNIÓN NACIONAL y promovió una aguerrida campaña contra las oligarquías de todos los partidos, con el objeto de conseguir la restauración moral de la República.

En 1947 se había presentado un paro general, fuertemente reprimido por el gobierno. Y el ambiente estaba convulsionado ante la reunión en marzo de 1948 de la IX CONFERENCIA PANAMERICANA, en la cual -se sabía con anticipación- bajo las instrucciones del General Marshall, delegado de Estados Unidos, se aprobarían acuerdos en contra del comunismo y de las doctrinas de izquierda. El partido liberal desautorizó la colaboración con el gobierno. El nueve de abril estalló la revuelta con el asesinato del caudillo popular y jefe del liberalismo, JORGE ELIECER GAITAN. Las horas siguientes fueron de saqueos, incendios, pillaje, asesinatos, que conmovieron hondamente el ánimo del país, con lo que se llegó a pensar en la posibilidad de derrocamiento del Presidente Ospina. Las acciones violentas se extendieron a numerosos lugares, en muchos casos con la connivencia y apoyo de sectores de la policía. Para contribuir al control de los desmanes, los conductores liberales aceptaron el retorno a la unión nacional y ocuparon algunos ministerios. A fines del mes estaba controlado el motín, aunque la paz ya no se recuperaría nunca. Tras el Bogotazo la violencia partidista se hizo más cruda aún. En mayo del año siguiente se rompió la unión nacional, y el liberalismo se lanzó a una tenaz oposición. La lucha electoral fué sumamente beligerante, y aunada esta situación a la proliferación de guerrillas y de bandolerismo, el orden público se vio definitivamente trastornado. Los abusos del gobierno condujeron a la promoción de un proceso de responsabilidad en contra del Jefe del Estado, como lo prevenía la Constitución. Para eludir el juicio, el Presidente Ospina Pérez en un verdadero golpe de Estado desde las alturas del poder, clausuró el Congreso y rodeó de policía sus claustros para impedir que se reuniera. La declaratoria de estado de sitio iniciada en esta fecha, 9 de Noviembre de 1949, en la práctica se volvió permanente y se prolongó hasta 1968. Vino la censura de prensa, la prohibición de reuniones, el control de la radiodifusión, y una dictadura efectiva en la que el Presidente se impuso a través de los decretos-leyes. El liberalismo, que intentó oponer la candidatura de DARÍO ECHANDÍA a la conservadora de LAUREANO GÓMEZ, ante la falta de garantías, desistió de participar en los comicios.

OSPINA PÉREZ es sucedido por LAUREANO GÓMEZ para el período que va de 1950 a 1954. El ingeniero LAUREANO GÓMEZ es una de las personalidades más recias en la historia colombiana. De sobresaliente inteligencia, orador de especiales recursos, culto, y experimentado en la política parlamentaria tanto como en el periodismo, diplomático, caracterizado por la tenacidad de su carácter, y por el sentido moralizante que dio a su tareas políticas. En su posesión hizo expresa su voluntad de hacer un gobierno de partido, y solicitó al Congreso finiquitar la Constitución vigente y sustituirla con otra proyectada por el gobierno (En su redacción tuvo muchas acciones su hijo Alvaro Gómez Hurtado) y de claro tinte corporativista al estilo de la que impusieron los fascistas en Italia. No tuvo mucho tiempo de hacer gobierno por dificultades de salud, y en noviembre del 51 entregó la administración en manos del Designado, Doctor ROBERTO URDANETA ARBELAEZ.

La Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno en 1952, según el reglamento dado por el ejecutivo, estaba conformada por diputados del Senado, la Cámara, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Presidente de la República, las universidades, y los gremios patronales. Publicado el proyecto al año siguiente, fué recibido con especiales prevenciones por el fortalecimiento exagerado del ejecutivo y los estrictos controles a la expresión que prácticamente hacían desaparecer la libertad de prensa, lo mismo que por la filosofía corporativista de corte fascista que en él se observaba. El partido conservador se mostró profundamente dividido y la violencia era un fenómeno generalizado que sacudía todo el país. Intempestivamente el Presidente titular se reincorporó al cargo el 13 de junio de 1953 y emitió un decreto para destituir al Comandante General de las Fuerzas Armadas, Teniente General GUSTAVO ROJAS PINILLA. La reacción del ejército no se hizo esperar, y el General ROJAS PINILLA notificó a la nación que las Fuerzas Armadas se hacían cargo del gobierno y él asumía la presidencia de la República. Dos días más tarde se reunió la Asamblea Constituyente, declaró vacante la Presidencia, y eligió para ejercerla por el resto del período al General ROJAS PINILLA.

El derrocamiento de LAUREANO GÓMEZ fué recibido por la opinión general con la satisfacción de las grandes victorias; la celebraron los partidos políticos liberal y conservador, los gremios, la prensa, la Iglesia, todos con la convicción de que había terminado una ominosa noche de represión y persecuciones. El expresidente salió desterrado en dirección a Europa.

ROJAS PINILLA mediante el mecanismo de la amnistía obtuvo una relativa pacificación del país. Este gobierno introdujo la televisión, continuó las obras públicas iniciadas, fundó el Banco Cafetero, y mejoró los recursos fiscales por medio de una reforma tributaria. Se arregló entre generales el largo diferendo con el Perú por el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre. El gobierno desechó el proyecto de la reforma constitucional, pero designó una comisión para elaborar un nuevo proyecto. Tras un receso de más de un año, la Constituyente se reunió de nuevo, y se ocupó primero que todo de reelegir a ROJAS PINILLA para el período de 1954 a 1958, y luego le dio posesión para el ejercicio del cargo. La Reforma sustituyó con Consejos Administrativos las Asambleas departamentales. Otorgó derechos políticos a la mujer. Y prohibió la actividad política del partido comunista en Colombia.

ROJAS PINILLA, militar e ingeniero, con estudios en Estados Unidos, tuvo especial interés en el impulso de la electrificación del país, el incremento de oleoductos y ferrocarriles, la vivienda, los acueductos urbanos y rurales. Su administración construyó el aeropuerto de El dorado, y creó la Universidad Pedagógica de Tunja.

Gradualmente el gobierno de las Fuerzas Armadas fué perdiendo el fervor popular que lo acompañó inicialmente, tras los intentos de perpetuarse en el poder y fundar un nuevo partido -la Tercera Fuerza-, que contrariaban su oferta de entregar el poder democráticamente una vez reorganizado el país. Otro elemento concurrente fué la transformación de la Asamblea Constituyente en un legislativo de bolsillo, lo que especialmente desagradó a las altas clases, desplazadas de su influjo político. En mayo de 1957 hubo concurridas manifestaciones oposicionistas en Bogotá y otras ciudades. En la tarde del 8 se conoció la noticia de una nueva reelección, casi año y medio antes de terminar el período, y se hizo más beligerante la protesta pública y el repudio a sus actuaciones.

Detrás de la mampara de las manifestaciones estudiantiles, movía la tramoya el sector dirigente conformado por los grandes comerciantes y banqueros, por los monopolistas del transporte, y los industriales. Más que por la muerte de algunos estudiantes, la parálisis del país se produce por el paro patronal con el cual la dictadura cae. ROJAS PINILLA renuncia el 10 de mayo, y deja el gobierno en manos de una Junta Militar cuyos miembros fueron designados por él. Naturalmente, sale de inmediato para el exterior. Parecida es la satisfacción del pueblo colombiano por su salida a la que se vivió con su entrada al poder.

La Junta Militar es presidida por el General GABRIEL PARIS, y lo acompañaban los Generales RAFAEL NAVAS PARDO, LUÍS E. ORDÓÑEZ, y DEOGRACIAS FONSECA, y el Contralmirante RUBÉN PIEDRAHITA ARANGO. Con su administración pareció renacer la tranquilidad en el país, y se aprovechó el clima de relativa paz y distensión de los antagonismos partidistas para recuperar la normalidad económica. La Junta designó un gabinete bipartidista, disolvió la Asamblea Constituyente y restauró la libertad de prensa. Dio paso al Plan Vallejo buscando reducir las importaciones a tiempo que se estimula y diversifican las exportaciones. Como consecuencia de la conciliación en el bipartidismo tradicional consagrada en el PACTO DE SITGES, que suscriben LAUREANO GÓMEZ y ALBERTO LLERAS CAMARGO, la Junta convoca un Plebiscito nacional, y define su realización el 1o. de diciembre de 1957.

Más de cuatro millones de colombianos votaron afirmativamente el Plebiscito, frente a un rechazo de unos doscientos mil votos. Las decisiones más importantes que en él se tomaron por el pueblo de Colombia fueron las siguientes:

--- Se confirmó la vigencia de la Constitución de 1886, con todas las reformas incorporadas hasta 1947.

--- La responsabilidad compartida de los partidos liberal y conservador en la administración del Estado, mediante la paridad política en los Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías, y en las corporaciones de representación popular.

--- El monopolio del poder por los dos partidos -liberal y conservador- mediante la alternación en el ejercicio del poder ejecutivo, por un término de doce años.

--- Restableció la carrera administrativa en el sector público.

--- Ordenó que se dedicara a la educación al menos el 10% del presupuesto nacional.

--- Otorgó plenos derechos políticos a la mujer.

Dividido el partido conservador en Laureanistas y Ospinistas, los primeros presionaron para que el primer gobierno fuera liberal, con el claro objetivo de atajar el ascenso del ospinista Guillermo León Valencia. Fué elegido ALBERTO LLERAS CAMARGO con los votos de la coalición, en tanto que una fracción menor del conservatismo votó por JORGE LEYVA.

ALBERTO LLERAS CAMARGO 1958-1962

Conocido por su espíritu republicano y su ponderada actuación en la vida política nacional e internacional, LLERAS CAMARGO inicia las administraciones del llamado Frente Nacional dentro de los criterios bipartidistas. Hubo una nueva amnistía a los alzados en armas, sin efecto perdurable. La agitación estudiantil complicó en ocasiones el orden público. Pero esta administración se ocupó con interés en solucionar el problema de la vivienda, y creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, vinculó al país en los planes de la ALIANZA PARA EL PROGRESO, y rompió relaciones con Cuba. El ablandamiento de los criterios populares y sociales en el partido liberal provocó una insurgencia beligerante en el MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN LIBERAL, que pasó a denominarse luego MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LIBERAL, capitaneado por ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN. Se combatía desde este bastión político el bipartidismo y el sistema de alternación en el poder.

GUILLERMO LEÓN VALENCIA 1962-1966

Elegido con los votos conservadores y de la mayoría liberal, y con la competencia de grupos minoritarios que votaron por JORGE LEYVA y ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN. Su criterio de la paridad política fué famoso por la milimetría conque intentó cumplir el compromiso de la responsabilidad compartida. Buscó la pacificación de la república, mas no con el instrumento de la amnistía, sino con la alternativa de la cárcel o la muerte en combate. Ensayó frente a las repúblicas independientes que empezaban a aparecer la modalidad que inventaron los estadounidenses en las Filipinas: la combinación de obras sociales y represión militar, en lo que se denominó acciones cívico-militares. Se incrementó la vivienda social, se mejoró la educación con la duplicación de su presupuesto, duplicó asimismo los niveles de electrificación. Quiso ser recordado como el presidente de los pobres, e ideó el programa de las drogas genéricas para aminorar los costos de cuidado de la salud. En su gobierno se crearon los departamentos de Quindío y Guajira. Episodio crucial de su gobierno fué, ante los rumores de golpe militar, la destitución intempestiva del Ministro de Guerra, General ALBERTO RUIZ NOVOA, quien había empezado a introducir en la terminología política el concepto marxista de cambio de estructuras.

CARLOS LLERAS RESTREPO 1966-1970

Entre las candidaturas de CARLOS LLERAS RESTREPO -Frente Nacional- y JOSE JARAMILLO GIRALDO -Alianza Nacional Popular, partido fundado por GUSTAVO ROJAS PINILLA- las mayorías eligen al primero, para una administración que tomará el nombre y lema de Transformación Nacional. Lleras Restrepo reglamentó la inversión extranjera en Colombia, suprimió el mercado libre de divisas, estableció la retención en la fuente, e inició la interconexión eléctrica. Creó entidades como el Fondo Nacional de Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Recursos Naturales No Renovables, el Fondo de Promoción de Exportaciones, el Instituto Colombiano de Ciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el Instituto Colombiano del Deporte, y otros similares.

El Frente Nacional, a estas alturas, pareció una experiencia exitosa, la anormalidad jurídico-institucional fué entrando por caminos de corrección y mejoramiento, y hubo nueva esperanza sobre la superación de la violencia en campos y ciudades.

LLERAS RESTREPO, quien lo había ofrecido desde su campaña política, se ocupó entonces en el diseño de una Reforma Constitucional, montada sobre el ideario del Frente Nacional, pero orientada a la modernización del Estado.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1968

El gobierno presentó tres proyectos, y uno más fué aportado por el MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LIBERAL con la autoría de ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN. A fines del 68 fué sancionado el Acto Legislativo pertinente, que mantiene la estructura ideológica tradicional, pero se proyecta en interés del desarrollo de la comunidad sobre cuatro ejes constituidos por la preservación de las libertades individuales, el espíritu democrático, la planeación central -de origen socialista- y la descentralización, evidente reminiscencia del federalismo.

Puntos dignos de destacar en la Reforma son:

--- Prolongación del Frente Nacional -de la paridad política- por cuatro años.

--- El Estado es el responsable de la dirección de la economía, y lo hace a través de la planeación económica y social. Debe regular los servicios públicos y dirigir el proceso económico hacia el desarrollo integral. La planeación se dará tanto en el nivel nacional como en departamentos y municipios.

--- Crea la Comisión del Plan, para el trámite inicial de los proyectos de desarrollo económico.

--- Crea el concepto de situado fiscal, como mecanismo de irrigación de ingresos nacionales en favor de los entes regionales.

--- Fortalece el Ejecutivo. Solo en él podrán originarse los proyectos de ley en materias económicas. Tendrá a su disposición la Emergencia Económica, y la posibilidad de intervenir ágil y ampliamente mediante decretos con fuerza de ley.

--- Se crean las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios, como mecanismos de descentralización.

Temperamental como era, el Presidente presentó renuncia de su cargo, ante las dilaciones del Congreso para aprobar la Reforma Constitucional: El Congreso, con tan peculiar presión, aprobó la Reforma y no aceptó la renuncia del mandatario.

El proceso electoral para el período siguiente fué complicado. En abril del 70 se realizaron los comicios con los candidatos MISAEL PASTRANA BORRERO y GUSTAVO ROJAS PINILLA. La transmisión de datos mostró una ardua disputa por el triunfo. La suspensión de los mismos, intempestivamente, por el Ministro de Gobierno, dejó surgir la impresión de que se trataba de alterar fraudulentamente los resultados y arrebatar la victoria a ROJAS PINILLA. Se vivieron horas de tensión ante la posibilidad de que sus partidarios reclamaran por la fuerza el triunfo electoral. LLERAS RESTREPO controló la situación con los instrumentos del estado de sitio, y en medio de cierta agitación y el descontento de amplios sectores, se hizo tránsito a la administración conservadora de PASTRANA BORRERO.

MISAEL PASTRANA BORRERO 1970-1974

Oficialmente, es decir, en los informes que hizo conocer el gobierno, obtuvo más de un millón seiscientos mil votos liberal-conservadores. Pero de todos modos su ventaja sobre ROJAS PINILLA fué apenas de sesenta mil votos. Los partidarios de éste tacharon de fraudulenta la elección, y posteriormente un grupo armado se constituyó con el nombre de M 19, o Movimiento 19 de Abril, para mantener la memoria de tal fecha. De la posesión del Presidente ante el Congreso, se retiraron ciento diez congresistas de su movimiento, en protesta por el presunto fraude. PASTRANA introdujo el sistema de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, fortaleció el estamento militar y con él adelantó la operación antiguerrillera sin mucho éxito, fundó el Banco de los Trabajadores, modificó la mayoridad fijándola en dieciocho años, y alentó el desarrollo de numerosas obras públicas.

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN 1974-1978

Con el gobierno de PASTRANA terminaba el compromiso frente nacionalista de la alternación, pero para evitar un retorno brusco y peligroso a los gobiernos de partido, se consagró en la Constitución a la altura del Artículo 120, la conservación de la paridad política hasta 1978. LÓPEZ MICHELSEN, después de unos años de rebelión con su disidencia, el M.R.L., retornó a las toldas liberales y fué ministro de Lleras Restrepo. En 1973 hace campaña para la presidencia en contra del interés reeleccionista de Lleras Restrepo. Con tres millones de votos superó ampliamente el caudal del candidato conservador ALVARO GÓMEZ HURTADO, e inició el gobierno del mandato claro. En su administración se incrementó la inversión pública, y otro tanto se hizo con las exportaciones y con los planes de vivienda popular. Para la explotación del petróleo sustituyó la modalidad de las concesiones con el sistema de asociación. Desarrolló el sistema hospitalario nacional. Abrió la carrera militar a la mujer, e inició la lucha contra el tráfico de narcóticos. Por intervención en política destituyó al General Alvaro Valencia Tovar del Comando del Ejército, y designó rector de la Universidad Nacional al insigne humanista marxista Luís Carlos Pérez. Quiso realizar una profunda reforma de la justicia y de los regímenes municipal y departamental, pero su Reforma Constitucional fué derrumbada por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

López Michelsen expidió el Código de Recursos Naturales. Bajo su administración se crearon las corporaciones regionales autónomas para protección de áreas con problemas de erosión y similares, se creó el Ministerio del Medio Ambiente.

JULIO CESAR TURBAY AYALA 1978-1982

Vence en elecciones al opositor propuesto por el conservatismo, Belisario Betancur. Tuvo especial interés TURBAY AYALA en mejorar las comunicaciones y las vías en el país, al igual que la electrificación de todas las regiones. Reestructuró el Seguro Social, inauguró el departamento del Caquetá, introdujo la televisión en colores, reformó los códigos y la educación pública, y ordenó la intervención oficial del Grupo Colombia y otros sectores financieros. El orden público tuvo numerosas dificultades, con episodios muy destacados por la prensa nacional e internacional, como el robo de armas del Cantón Norte, y la toma de la Embajada de República Dominicana -acciones ambas del M 19-, lo mismo que varios intentos guerrilleros de invasión por las fronteras. Hubo una nueva amnistía, y el gobierno creó una Comisión de Paz que no hizo ni logró nada. Tras este intento se dedicó a fortalecer las fuerzas armadas y a modernizar sus institutos. El malhadado Estatuto de Seguridad restringió gravemente las libertades civiles, por lo que su gobierno fué mal calificado en el plano internacional y de los derechos humanos. La violencia general se recrudeció y se aumentó a los delitos habituales el secuestro político y extorsivo. Se hizo más notoria la acción subterránea del narcotráfico y su incidencia en la economía. Bajo su gobierno se firmó el Tratado de Extradición con Estados Unidos, fuente de críticas y de problemas, el Estado adhirió al Estatuto de Derecho del Mar, y se opuso al apoyo continental a la Argentina durante la crisis de las Islas Malvinas. Estuvo a punto de solucionarse el histórico diferendo con Venezuela por la delimitación de las fronteras marítimas, pero el proyecto de Tratado que daba vigencia a la Hipótesis de Caraballeda, fracasó estruendosamente. La Reforma Constitucional del 79 fué declarada inexequible dos años después, y el distanciamiento del ejecutivo con la Corte Suprema mantuvo en vilo la opinión nacional y la tranquilidad de los espíritus por un considerable período.

BELISARIO BETANCUR CUARTAS 1982-1986

En su tercer intento llegó BELISARIO BETANCUR a la presidencia, derrotando a LÓPEZ MICHELSEN con la consigna política del Sí se puede! y una propuesta de pacificación general. Se firmaron, en efecto, pactos de paz con varios grupos insurgentes. Pero los críticos de su gobierno han mostrado que lejos de lograrse el objetivo, la confianza en estos acuerdos condujo a bajar la guardia en tal forma que desde entonces los frentes guerrilleros se han multiplicado por cuatro. En el 83, el Jueves Santo, se produjo la destrucción de numerosos monumentos históricos en Popayán, como consecuencia de un fuerte terremoto. En noviembre del 85 se produjo la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y ante los intentos de la fuerza pública de recuperarlo a sangre y fuego, se causó con las balas cruzadas la muerte de más de cien colombianos, incluidos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y una docena de Magistrados y Consejeros de Estado. Una semana después se aceleró el deshielo freático del Volcán Nevado del Ruiz y la avalancha sobre Armero, con más de veinte mil muertos y desaparecidos. En el 84 fué asesinado el Ministro de Justicia, RODRIGO LARA BONILLA, por sicarios del narcotráfico, y el Presidente endureció la persecución contra éste, e inició la extradición de colombianos solicitados por Estados Unidos.

Bajo esta administración se continúa el control de los abusos financieros detectados desde el período anterior de gobierno. Se promueve la vivienda popular, y se desarrollan las perspectivas de la universidad abierta y a distancia; se aprueba la ley sobre elección popular de alcaldes, y se crea el Impuesto al Valor Agregado. Comienzan a operar los canales regionales de televisión, y se trasladan los festivos a los lunes. Asimismo se realizan algunas reformas en la justicia, los impuestos, los partidos políticos, el Congreso, y el régimen de departamentos y municipios.

VIRGILIO BARCO VARGAS 1986-1990

Se presentaron las candidaturas conservadoras de ALVARO GÓMEZ HURTADO, liberal de BARCO y la de JAIME PARDO LEAL por la UNIÓN PATRIÓTICA. Ante el aplastante triunfo del Ingeniero BARCO VARGAS y su manifestación de que haría un gobierno liberal, el conservatismo se concentró en una oposición reflexiva. Probablemente ha sido este gobierno la primera ocasión en que se ha trabajado políticamente con el esquema gobierno-oposición asumido deliberadamente por ambos partidos. Los problemas con el narcotráfico se incrementaron, y hubo secuestros de personajes importantes como Andrés Pastrana y Alvaro Gómez Hurtado, y otros fueron asesinados, como ocurrió con Guillermo Cano, director de EL ESPECTADOR, Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación, y Jaime Pardo Leal, director del partido Unión Patriótica. La ley 68 del 86, con la cual se había pretendido sanear el Tratado de Extradición, fué declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual debió suspenderse toda extradición de colombianos a Estados Unidos. Bajo esta administración se incrementó la exploración y exportación de petróleo, y se aprobó una nueva ley de reforma agraria.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 1990-1994

El proceso político parecía conducir a la presidencia al joven dirigente liberal LUÍS CARLOS GALÁN SARMIENTO, pero su asesinato en plena campaña política cambió los caminos, tras una breve labor proselitista conquistó la votación el Doctor CESAR GAVIRIA. Aunque el orden público tuvo numerosos problemas y las obras públicas continuaron desarrollándose a buen ritmo, la preocupación fundamental de la primera parte de su período fué la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y la segunda parte el estreno y consolidación de la Nueva Constitución Colombiana. Gaviria, con el pretexto de insertar el país en el contexto de los Estados modernos, lo comprometió con la filosofía económica del neoliberalismo, y decretó la apertura de su economía a la internacionalización. De otro lado, buscó la reducción del tamaño del Estado mediante la insubsistencia de decenas de miles de empleados oficiales, y la gradual entrega a la empresa privada de las entidades estatales, es decir, la privatización de los institutos públicos. Al terminar su presidencia, hizo campaña hasta lograr la Secretaría General de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, con sede en Washington.

ERNESTO SAMPER PIZANO 1994-1998

Después de una breve carrera política y brillantes actuaciones como Congresista y director del partido liberal, SAMPER PIZANO fué elegido sobre opositores de varios movimientos, pero la última definición se hizo frente al candidato conservador ANDRÉS PASTRANA, al que superó en ciento cincuenta mil votos. En esta elección se aplicó por primera vez la fórmula de Presidente-Vicepresidente, y para este cargo se acompañó de HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA. Sin acabar todavía el primer año de administración empezaron a circular los rumores de que su campaña había sido financiada con dineros del narcotráfico. La especie, utilizada como instrumento de oposición más que por interés realmente moralizante de la política, condujo a un largo proceso que le dificultó hacer gobierno, y responder adecuadamente a los numerosos problemas del país: desorden público por delincuencia, narcotráfico y guerrilla, crisis económica, desertificación por los Estados Unidos, desempleo, bancarrota en numerosas industrias, dificultades en las relaciones internacionales, etc.

Algunos atribuyen los graves conflictos suscitados en su período a la herencia neoliberal y aperturista originada en la administración GAVIRIA, y que SAMPER ha tratado de corregir dándole sentido social al compromiso político y buscando que el cambio de ruta se haga gradualmente para disminuir sus rigores.

La Cámara de Representantes no halló razones suficientes para encausar al Presidente, y se abstuvo de formular acusación ante el Senado. De todos modos, su eventual responsabilidad se siguió agitando por los grupos de oposición. Al terminar el año de 1996 la economía nacional tuvo un crecimiento pequeño, pero lo tuvo, la inflación cedió aunque no en la proporción que se esperaba, y la imagen del país en el exterior es discutida: para algunos países prima el sambenito de narcodemocracia acuñado por los jerarcas estadounidenses, en tanto que otros consideran a Colombia como un Estado víctima, que se ha esforzado por conquistar la paz, la soberanía, y el decoro de las democracias contemporáneas. Colombia y el Presidente SAMPER fueron distinguidos con la presidencia de la ORGANIZACIÓN DE PAÍSES NO ALINEADOS, que reúne 113 Estados en vías de desarrollo.


LECTURA COMPLEMENTARIA:

EL PROBLEMA AGRARIO
Capítulo tomado de la obra
del Profesor DARÍO MESA.

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En esta coyuntura de la vida nacional, ya dentro de la situación conflictiva, apareció con toda su evidencia el fenómeno que surgiera de los procesos paralelos (...): entre la tierra y el cultivador se ha introducido una espesa capa de derechos civiles, títulos y pretensiones de dominio, que los aísla y separa. Es decir, que los elementos de la producción, el trabajo, representado por el labriego y el capital representado por la tierra, están divorciados por la interferencia de los titularios, que aprovechan el beneficio de una manera indirecta y muchas veces privilegiada". El ministro concluía que este hecho había acarreado "los graves desórdenes que se están viviendo". Y en la explicación minuciosa de tal hecho dejaba entrever lo que el decreto y, naturalmente, los grupos sociales que lo sustentaban perseguían. "En primer lugar -escribía-, se destaca el hecho de la desposesión de los campesinos, que se ven obligados a trabajar en condiciones inestables, por cuenta de terceros, en calidad de arrendatarios, o, lo que es más grave, en una forma clandestina, de carácter delictuoso, que se ha llegado a crear en Colombia. en muchas regiones del país, y muy especialmente en Cundinamarca, el Tolima, Boyacá y el Magdalena, la interferencia de títulos ha formado grandes latifundios, en los que habita una masa de labriegos sujeta al despotismo de una economía mínima de producción, inmediatamente consumible, sin margen de capitalización, y que por carecer del derecho de dominio sobre la tierra que los nutre, no logran nunca conseguir un asiento para sus familias, y en lugar de ser factores de creación de riqueza, son focos de inquietud social. Si durante mucho tiempo esas masas permanecieron tranquilas, sometidas las más de las veces a regímenes ignominiosos de trabajo, condenadas a la eterna indigencia, su propio crecimiento y el despertar de la conciencia colectiva las han arrancado ahora de aquella sumisión, y les han inspirado el reclamo urgido y angustioso de la tierra. A esto contribuye en no pequeña medida la situación grave de miseria en que las ha precipitado la crisis actual, pues no debe olvidarse que su único elemento de subsistencia es el cultivo de la tierra". Y, sin duda bajo la influencia del marxismo atemperado y difuso de Jorge Eliécer Gaitán, el ministro anotó: "En mi concepto, puede localizarse la esencia del conflicto agrario en esta contraposición de los factores jurídicos en pugna con los factores económicos. Es un fenómeno que se observa en la interferencia de los títulos entre el capital y el trabajo. Y es lógico deducir, en consecuencia, que cualquier solución fundamental del problema debe referirse a la descomposición de ese conflicto de factores, inspirándose en el principio incontrastable de que los postulados jurídicos han de servir para proteger y ordenar el juego de los elementos económicos. Por lo tanto, la organización consuetudinaria del complejo jurídico-económico del país debe ser reformada de una manera que desate el funcionamiento de las fuerzas creadoras de riqueza, amoldando los mandatos del derecho en tal sentido, para que no obstruyan, sino que faciliten la resultante de progreso". Quien conozca los escritos o haya escuchado los discursos de Gaitán, sabe bien que ese párrafo fue escrito o, por lo menos, inspirado por él. Su vago marxismo se hace aquí más claro y, sin duda, acierta a dar con la raíz del problema. Debemos subrayarlo así, porque, como veremos, el planteamiento teórico del asunto no volvió a alcanzar esta precisión.

La comisión de la Cámara que estudió el proyecto del señor Chaux señaló que éste giraba sobre seis puntos centrales: a) La presunción legal, que admite por lo tanto prueba en contrario, de que son baldíos, con ciertas limitaciones, los terrenos no cultivados que existen en la República; b) el requisito del cultivo o de la explotación para evitar que las tierras de propiedad privada pasen a ser del Estado como sanción por el abandono en que las deje el dueño durante cierto tiempo; c) Se adquiere el dominio de ellas por los particulares mediante su aprovechamiento temporal y continuo con cultivos agrícolas, o trabajos industriales o pecuarios, en globos abiertos; d) La seguridad de que no son baldíos, mediante una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, los terrenos que a la fecha de la ley se hallen poseídos regularmente y se tengan cercados y aprovechados con trabajos agrícolas, industriales o pecuarios, más una porción inculta que no sea mayor de la cultivada ni pase de mil hectáreas; con ello no se quiere decir que el terreno sea A o B, sino que no es del Estado; e) La prohibición de adquirir (no de poseer), en lo sucesivo, a título singular, más de dos mil hectáreas, y limitaciones consecuentes en la transmisión por herencia; f) La garantía para el colono de que, al ser despojado, se le pagarán sus mejoras, estimadas con avalúo racional y comprensivo del trabajo humano invertido, gastos de adaptación del terreno para su aprovechamiento, del precio comercial de aquellas, de la cosecha por coger, del mayor valor de la tierra debido a su esfuerzo, y todo sin perjuicio de las expensas útiles y necesarias, garantizándole la retención mientras no se le paguen.

Las Comisiones Parlamentarias modificaron el proyecto, que, de modificación en modificación, diríamos mejor: de movimiento en movimiento de las distintas fuerzas sociales que lo debatían, fue convirtiéndose en una proposición menos avanzada que la originalmente concebida.

Fue así, modificado, mejor es quizás decir: controlado, como halló el proyecto de Olaya el Presidente López. El 22 de julio de 1935, los ministros de Gobierno y de Industrias y Trabajo, Darío Echandía y Benito Hernández Bustos, presentaron un nuevo proyecto que tomaba en consideración los "estudios de gran valor científico realizados por la Comisión que funcionó en el Ministerio de Industrias en el año de 1933". La nueva Junta estaba diferentemente compuesta: los nombrados ministros de gobierno y de Industrias y Trabajo, además de los magistrados de la Corte Eduardo Zuleta Ángel y Antonio Rocha, en compañía de los señores Alfonso López Michelsen y Guillermo Amaya Ramírez, este último en tal tiempo jefe del Departamento de Baldíos del Ministerio de Industrias.

El tono antifeudal de la nueva exposición de motivos seguía animando el proyecto, pero la posición teórica se había debilitado. Gaitán, evidentemente, no participó en la redacción del nuevo texto. "Una cuidadosa observación -se decía en él- de las regiones pobladas del país pone de relieve el hecho de que en algunas de ellas, casi en todas, las propiedades no se hallan equitativamente distribuidas, dando lugar así a la existencia del acaparamiento de la tierra por unos pocos, con la consiguiente exclusión en el beneficio de ésta del mayor número, y con el agravante también de que la legislación vigente tolera la subsistencia de grandes extensiones desaprovechadas en regiones de densa población campesina, carente de un pedazo de tierra propia en donde desarrollar su actividad natural por manera distinta del trabajo asalariado". Este era el problema, sin duda; pero el hecho conductor de la discusión fue el de la titulación de los baldíos. La exposición de motivos es alegato de abogados antes que análisis económico, político o social, como lo había sido la exposición de motivos del proyecto de Olaya. Probablemente se había avanzado ya socialmente lo necesario como para insistir más que todo en la formulación de la norma; ésta, sin embargo, había sido expresada ya teóricamente e impuesta, quizás, en el pensamiento político nacional por el proyecto de Chaux.

"El labriego desposeído de tierra y ávido de adquirirla -se dijo en la nueva exposición- realizó el esfuerzo de colonizar baldíos (...) sobre los cuales se exhibieron contra él títulos para lanzarlo, con pérdida de su trabajo, o para colocarlo de nuevo en el régimen de subordinación de que venía huyendo". Era, obviamente, "una pugna (...) y el título poseído por quienes carecían de toda vinculación con la misma tierra y aún llegaban a conocer ese título tan solo en el momento de invocarlo contra el trabajador". Determinada por esas realidades, la Corte Suprema de Justicia, sentó, en 1926, la siguiente doctrina: "Tratándose de un juicio entre la nación y un particular, en el cual se disputa la propiedad de un terreno que la nación alega pertenecerle como baldío, si el particular no demuestra el dominio, el litigio debe fallarse a favor de aquella. La aseveración que hace el Estado de ser baldío un terreno, entraña una negación indefinida, o sea la de no haber salido de su patrimonio, la cual, según los principios sobre prueba, debe destruirse con la afirmación concreta y definida de haberse adquirido el dominio por quien se pretende dueño. Aquí la nación tiene a su favor la presunción de dominio, y aún cuando intervenga como actor en el juicio, está dispensada del peso de la prueba". Esta doctrina determinó la crisis jurídica de los baldíos en Colombia, ante todo porque rectificó el concepto de que treinta años de títulos inscritos constituían plena prueba de la existencia de propiedad privada, según lo señaló la exposición de motivos. El gobierno llevó al Poder Judicial todas las reclamaciones sobre baldíos; y "algunos de esos exámenes de títulos -dicen los expositores del proyecto- y los juicios mismos que instauró la nación, pusieron de manifiesto que en muchos casos el llamado propietario, que mantenía incultas grandes extensiones y lanzaba como detentadores a los colonos, no era sino un acaparador de baldíos, pues carecía de títulos serios, o si los tenía sobre una pequeña porción, pretendía cubrir con ellas vastas zonas inmediatas mediante el sistema de cambio o modificación de los linderos". La intervención del gobierno ante el poder Judicial resultó ineficaz, sin embargo, por la lentitud de la administración de justicia, fuera de que cualquier decisión, "cuando versa sobre terrenos que se mantengan incultos a la sombra de una titulación satisfactoria", resultaba inicua. "La sentencia -continúan los expositores- que a favor del propietario inscrito se dicte en cada caso, no hará sino dar una base legítima indudable al hecho antieconómico de sustraer a todo beneficio terrenos que campesinos carentes de suelo explotable desean beneficiar, y colocará a las autoridades en la necesidad de estorbar el esfuerzo creador de riqueza, para favorecer en cambio la sustracción de importantes sectores territoriales a todo aprovechamiento". Ahora bien, como la Corte había completado su doctrina estableciendo que quien pretendiera dominio sobre un terreno había de presentar, si no todos los títulos perfectamente encadenados, al menos el título original en que constara que tal tierra había salido ya del patrimonio nacional, se produjo con ello una amenaza también a los terrenos cultivados debido, entre otras cosas, al "descuido con que en épocas anteriores se mantuvieron los archivos nacionales, o por la destrucción de ellos en nuestras guerras civiles". Resumiendo el problema antes de establecer las normas, los expositores escriben: "La necesidad, conforme a la jurisprudencia de la Corte, de exhibir el título originario para demostrar el dominio privado; la carencia de ese título en el mayor número de casos por parte de quienes se dicen propietarios, ya que el país ha vivido en el error de creer que treinta años de tradición inscrita eran suficientes para acreditar dominio territorial; la abusiva modificación de linderos realizada por propietarios de pequeñas extensiones que a través de los años ampliaron su superficie a costa de los terrenos baldíos, y en muchos casos el acaparamiento de hecho de los mismos terrenos, basado simplemente en la habilidad de quien un día resolvió otorgar un instrumento público sobre traspaso de ellos, son causas que han creado en el campo de los hechos y en el derecho una confusión, casi imposible de esclarecer, entre los baldíos y la legítima propiedad particular". el proyecto buscaba, pues, amparar "el trabajo, dando a la propiedad económicamente aprovechada la estabilidad que requiere"; proponía medidas que impidieran el acaparamiento de baldíos y fijaran un criterio que permitiera la separación de estos y la propiedad privada, todo ello basado "en la realidad y no en el abuso del derecho ni en ficciones legales". Los expositores fijaron así las aspiraciones del Proyecto:

1. Por medio de la presunción de dominio privado sobre los terrenos económicamente explotados, sustraer la riqueza agrícola del país del campo litigioso para colocarla en el de seguridad que le corresponde.

2. Extinción de la propiedad privada que no se explote comercialmente, a favor del Estado.

3. Las tierras que, teniendo más de treinta años de titulación, carecen de título originario, se dejan por diez años solamente en manos del poseedor inscrito que acredite una tradición legal por treinta años.

4. Modifica el concepto de posesión en el sentido de identificarlo con el de explotación económica del suelo, para ofrecer, por medio de las acciones de lanzamiento y posesorias, una amplia protección al trabajo, eliminando los conflictos entre éste y omisiones abusivas realizadas al amparo de ficciones legales, y coloca en manos de jueces especiales la solución de las cuestiones de hecho para que sean falladas a base de un exacto conocimiento de la situación real.

En las discusiones parlamentarias sobre el proyecto y sus previsibles modificaciones por los comisionados de ambas cámaras del Congreso aparecieron netamente las diversas posiciones de las clases que componían entonces la sociedad colombiana. Hasta apareció, en esos debates, la sugestión de que el proyecto del Gobierno, de aprobarse, llevaría a una producción agrícola excedente. Por supuesto, tal argumento quedaba enterrado en las estadísticas: $5.728.204 imputados, en 1935, en artículos que iban, en la lista, desde ajos y cebollas, frisoles y papas, hasta lúpulo y tabaco en rama. "Yo podría asegurar en absoluto -respondía el representante Alejandro López al representante Ricardo Sarmiento Alarcón- que aquí no habrá de presentarse la superproducción. Debe tenerse en cuenta que es infalible el principio de que la tierra que da el producto también da el consumidor, porque el individuo que consigue una tierra y entra a hacerla producir, consume, naturalmente, mucho más que antes de tener esa tierra. Acomodando mejor la producción se aumenta el poder de compra, y entonces no solamente habrá consumo para nuestros productos sino también para triplicar las importaciones en otros renglones, porque a medida que crece y se acomoda la población, se aumentan las importaciones". Y, con su lucidez casi habitual, Alejandro López, en el mismo debate, apreciaba el factor nuevo de las carreteras como determinante de un nuevo ascenso del campo: "Había -dijo- más peligro de superproducción hace veinte años que ahora, porque a tiempo que entonces en Nariño no sabían qué hacer con el arroz ni en Boyacá con el trigo y las papas, en otras partes, situadas a distancias relativamente cortas, estaban pagando esos mismos productos a precios altísimos. Con ese pequeño ómnibus que aquí vemos (...) se ha alejado totalmente el peligro de la superproducción, porque gracias a él se esparcen los productos por todas partes, creándose la uniformidad de los precios, bien inestimable para la República". Ese bien inestimable no parece haber sido cabalmente comprendido por la mayoría de los oyentes, súbditos de país semipastoril y de indigente cultura económica y política; pero el Dr. López, que venía de Londres y sabía lo que era necesario hacer en aquel tiempo en Colombia, entendía claramente que ese bien inestimable de que hablaba y esa "uniformidad de los precios" equivalían nada menos que a la creación de un mercado nacional. Las estadísticas de entonces eran más insuficientes que las de hoy y esta razón nos impide precisar ciertos fenómenos concomitantes del ómnibus de que hablaba el representante Alejandro López. Fenómenos como el del cambio de la fuerza de tracción, por ejemplo. Pero si no nos es posible aprehender la magnitud del fenómeno en sus planos cuantitativo y cualitativo, casi todo colombiano puede citar datos empíricos acerca del retroceso del caballo, pongamos por caso, frente al motor. La mecanización de la agricultura era mínima, mas en el transporte se avanzaba a ritmo considerable, sobre todo en los departamentos más desarrollados. Por esta época, Antioquia, Caldas, Valle, Cundinamarca se hallaban cruzados por carreteras intermunicipales; y ello disminuía el papel de la fuerza de tracción animal.

Otro fenómeno de difícil medición cuantitativa para el tiempo es el del cambio de la alimentación bajo el impulso del crecimiento económico. Alimentos energéticos? Proteínicos? No sabemos exactamente qué predominaba en los núcleos técnicamente más avanzados de la población; y como la literatura costumbrista llegó en esos días hasta desaparecer, ni siquiera disponemos de esa fuente. Sin embargo, en novelas como "El pantano" o "Casa de Vecindad" de J.A. Osorio Lizarazo podríamos hallar ciertas indicaciones de las tendencias alimentarias de la población urbana en aquel período de desenvolvimiento inicial de la industria. Considerando el problema también por analogía -analogía con lo sucedido en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos en etapas semejantes-, es probable que los alimentos proteínicos superaran a los energéticos a medida que la industria se desenvolvía y las concentraciones urbanas en algunos sitios -Medellín, entre ellos- lograban mejores ingresos por una mayor productividad del trabajo paralela a la lucha sindical.

Estas alteraciones en las tendencias alimentarias determinaron algún cambio en la agricultura? He aquí un problema que no hemos logrado precisar cuantitativamente por la carencia de fuentes nacionales; pero, razonando también por analogía, debió de operarse en algunas áreas, Antioquia, Valle, Caldas, Cundinamarca, digamos, cierto estímulo a la producción agrícola por la demanda creciente de leche, carne, huevos, verduras de primera clase, etc.

Sea como fuere, todo esto sin duda lo tenía en mente el doctor Alejandro López cuando hablaba en el debate acerca del problema. No es presumible que muchos entendieran la complejidad económica, técnica y social de su razonamiento; pero en los Anales del Congreso está el testimonio de que un buen grupo de congresistas entendía la urdimbre política del proyecto discutido. En ello no se dejaban engañar, ni siquiera por trucos filológicos. El representante Diego Mejía, por ejemplo, en una de las sesiones puso de presente cómo el Ministro de Agricultura, Francisco Rodríguez Moya, torpedeaba el alcance del proyecto al defender ciertos términos de su redacción "(...) Cambiar -decía- la palabra necesario por la palabra adecuado significaba cambiar el espíritu de la ley, la intención del legislador, que es la de procurar que los terrenos particulares sean explotados económicamente, porque el cambio de la palabra necesario por la palabra adecuado significa que los terrenos que no se exploten dentro de un gran fondo, pueden mantenerse eternamente en poder de su poseedor por el hecho de que son adecuados para una explotación económica, pues mientras más grande es una propiedad, más adecuada es para la explotación económica, porque una pequeña no puede recibir la maquinaria que es posible establecer en una propiedad grande (...). el señor Ministro de Agricultura y Comercio está a la derecha, sosteniendo la tesis de los latifundistas (...) -Hay que ver qué norma se le da a un juez -replicó el ministro- para aplicar el término necesario o el término adecuado. No es ésta una cuestión de fondo, sino un esfuerzo de ingenio de su Señoría para complicar a un Ministro (...) -No hay tal -contestó Mejía- (...). Hay tesis conocidas de muchos representantes, según las cuales en la opinión de su Señoría esta ley va a ser un taco de dinamita en la República. Y naturalmente la mejor manera para su Señoría de salir del apuro y presentarse en la misma línea del gobierno, atacando al mismo tiempo el proyecto, es hacer aparecer una cuestión de fondo como cuestión filológica". En realidad, detrás de esta querella aparentemente gramatical se debatían las dos tendencias del desarrollo capitalista de la agricultura: la que pugnaba por mantener relativamente intactos los latifundios a la espera de que entraran poco a poco en los marcos del capitalismo mediante algunos estímulos se hallaba en contra, por supuesto, de la que buscaba destrozarlos y fundar una economía agrícola de granjeros. El representante Heliodoro Ángel Echeverri decía, por ejemplo (Régimen t. I, 302), en nombre de la fracción avanzada: "Qué pretendemos nosotros con esta ley, si no es acabar con los grandes latifundios de este país, si no es acabar con las extensiones incultas e inexplotadas económicamente? Si ponemos la expresión adecuada, qué hacemos? Mantener la situación actual. No es a cambiar la situación actual a lo que tanto la comisión como la Cámara se han propuesto? ¿O es a mantener la situación actual? ¿Si no tenemos el valor de las modificaciones para qué estudiamos esta ley? Es así (...) que esa expresión adecuado en el artículo y la expresión necesario, tienen una amplia, una vasta significación, una profunda diferencia que la Cámara tiene qué darse cuenta de ella y acoger como debe acoger la expresión necesaria, que es precisamente la que realiza su pensamiento a cabalidad". El grupo que buscaba mantener el latifundio llegaba, en cambio, hasta considerar que el proyecto del Gobierno era...Anarquista!.

El país se hallaba entonces socialmente dividido, pero esa división social se deformaba por la división partidista. De un lado, los partidarios del proyecto y del gobierno, encuadrados en general por el liberalismo, divididos a su vez entre quienes querían uno u otro camino del desarrollo agrario dentro del capitalismo; por otro, "todas las fuerzas de la reacción", según el lenguaje del representante Heliodoro Ángel Echeverri (Régimen, t.I., 325). "Muchas personas -agregaba- no lo han estudiado siquiera (se refiere el proyecto), y sin embargo se oponen sistemáticamente a él y dicen que vamos a entorpecer el régimen jurídico del país, que vamos a acabar con la propiedad. Y digo que todas las fuerzas de la reacción se han confabulado contra este proyecto, porque no solamente son los propietarios a quienes no se les resuelven de una manera satisfactoria todos sus asuntos, ni son los señores de "El Siglo" y los conservadores todos, quienes están levantando la bandera de oposición contra el proyecto, sino que también lo hacen las entidades que se llaman sindicatos de propietarios, porque es un hecho que estos sindicatos que presentan tendencias y métodos clericales, se han enfrentado tenazmente a esta iniciativa en la cual tienen el Gobierno y el Parlamento liberal fundadas esperanzas de redención económica". Fue el mismo parlamentario quien pidió (Idem, 326 - 27) que se tomaran "las medidas necesarias a fin de que el clero se coloque en la situación que le corresponde en el país; porque si el partido liberal lo respeta, no es justo que a través de sindicatos de propietarios estén creándole problemas que en lo temporal no tienen nada que ver con la misión espiritual que a los ministros de la religión católica les está confiada. El documento que voy a leer en seguida, prueba de una manera palmaria cómo están trabajando las fuerzas de la reacción contra las ideas fundamentales del gobierno liberal. Dice así:

Arquidiócesis de Medellín -Gobierno Eclesiástico- Administración Apostólica -Reservada -Medellín Agosto 6 de 1936.

Señor Cura de...

"Después de saludar a usted atentamente, me permito hacerle la indicación siguiente: Conviene mucho animar, sobre todo a las gentes de los campos, que son propietarios en grande o en pequeño, a fin de que tomen parte, o se alisten en el Sindicato Departamental de Propietarios de Antioquia, fundado con el fin de defender el derecho de propiedad, amenazado por las doctrinas subversivas que están en boga hoy. Esta insinuación a los fieles de su Parroquia debe hacerla en particular y con discreción, sin llevar, en manera alguna, el asunto al púlpito, ni hacerlo objeto de predicación en el templo.

Dios guarde a usted.

TIBERIO

Arzobispo - Administrador Apostólico".

"Esta clase de circulares -continuaba Ángel Echeverri- (...) y esta clase de armas, son las que están empleando en todo momento contra el proyecto sobre régimen de tierras, en Antioquia y en donde se quiera".

Entretanto, la Sociedad de Agricultores de Colombia entraba en la arena como una de las "fuerzas de la reacción" de que hablaba Ángel Echeverri.

"La ley proyectada no es de régimen de tierras -decía la Sociedad-, como ha sólido denominársele. La palabra "Régimen" denota regulación completa, y esa ley no regula íntegramente la materia del dominio de las tierras (...) Alterará, si llega a ser ley, las reglas sobre prueba del dominio y la posesión de estos predios; limitará los hechos que induzcan a posesión; hará muy difíciles, por no decir imposibles, los lanzamientos; establecerá una prescripción sin precedentes; dará derecho a una clase social de expropiar a otra. Su fin es que pasen las tierras de manos de unos a manos de otros. De las manos de quienes cuentan con medios de cultivarlas y las cultivan con algún conocimiento, a las de quienes no cuentan con esos medios y carecen de todo conocimiento" (Régimen t.II, p. 63). No se podría pedir un lenguaje más franco para expresar los intereses y las aprensiones de una clase. Por él se puede entrever el grado de acritud de la querella social y del debate político que la reflejaba.

En el Senado, las fuerzas sociales y políticas se hallaban sobre posiciones idénticas a las de la Cámara. Las dos tendencias dentro de la directriz reformista son perceptibles en los discursos, lo mismo que la tendencia del todo enemiga. El senador Francisco José Chaux mantenía su posición avanzada de 1933 contra varios de los senadores de su propio partido y, naturalmente, contra los que, de una u otra manera, expresaban abiertamente a "las fuerzas de la reacción". Una ley que era apenas zurcido de disposiciones extranjeras? No, replicaba Chaux. "Allí no hay nada improvisado ni nada importado. Todo allí es colombiano de nacimiento (...) La consideración seria del problema agrario se inició (...) bajo la administración del presidente Abadía Méndez, y se acentuó, como era lógico, bajo el Gobierno trascendentalmente renovador del doctor Olaya Herrera (...) Las disposiciones de esa ley son resultado, una a una, de la realidad nacional del problema; son fruto de una larga y bien controlada experiencia de varios gobiernos colombianos, en diez años de observación, del conocimiento directo y del estudio metódico de los diversos conflictos y problemas, más o menos locales o regionales, más o menos transitorios o estables, que sumados, constituyen la totalidad del problema nacional (...) para la elaboración del proyecto del gobierno apenas se habrán leído, por vía de información, legislaciones extranjeras, y podría señalar funcionarios profundamente conocedores del problema nacional, y que han colaborado ahincadamente para encontrarle las soluciones adecuadas, que saben muy poco, o no saben nada, ni de los problemas agrarios, ni de las soluciones agrarias de Rusia, de Checoeslovaquia, ni siquiera de México".

Fue en el Senado donde el senador Francisco Rodríguez Moya, el Ministro de agricultura que había tratado de limitar el alcance de la Ley con las vallas de la filología, se dio a hablar nítidamente de en quienes se perpetúa el sistema feudal que nos oprime. La cuestión agraria no reside en la tierra incultivada, sino en la cultivada. Por eso afirmo que hay necesidad de hacer de cada arrendatario un propietario, mientras no ocurra esto, el problema seguirá, pues esos hombres estarán reducidos a una vida miserable por la renta que han de pagarle al propietario; renta en dinero, en productos o en trabajo gratuito". Era -debemos anotarlo- la primera vez que se planteaba el problema de la renta de la tierra en el debate. Por supuesto, esta formulación específica del senador Molina sobre la tierra como fuente de renta recibió "la callada por respuesta", como se dice en España. Luego agregó el mismo senador: "Algunos oradores han dicho que este proyecto es liberal y no marxista; eso es evidente. El proyecto es liberal y menos que liberal, pues en otras partes el liberalismo ha ido más lejos (...) quiero tranquilizar a los elementos nerviosos del Senado, diciéndoles que a lo largo de esta iniciativa jurídica no se encuentra ningún atisbo de socialismo (...) Este proyecto no se sale en nada de lo que dispone la reforma constitucional de este año; en ella se habla de que la propiedad es una función social y de que el trabajo es una obligación también social" (el Ministro Darío Echandía había explicado, días antes, en nombre del Gobierno, que tal reforma constitucional "no es, no puede ser, ni socialista, ni comunista, sino pura, simple y rigurosamente liberal"). Indicando una de las facetas político-sociales del problema, Molina señaló que el proyecto implicaba el que el liberalismo fuera al campo.

"El partido de gobierno -dijo- no ha ido al campo, por lo cual este sigue siendo la fortaleza del conservatismo; los campesinos son los que le permiten al conservatismo bloquear los avances de la nueva República". Este discurso fue uno de los últimos movimientos tácticos. La aprobación de la ley 200 sobre régimen de tierras había sido decidida, y el 19 de diciembre de 1936 salió del Congreso; el 30 fue firmado por el Presidente y sus Ministros. Apareció publicada en el número 23.388 del "Diario Oficial" el 21 de Enero de 1937; pero, en cumplimiento de su artículo final, sólo empezó a regir sesenta días después, exactamente el 7 de abril, según lo comunicó en circular el Ministerio de Agricultura a todos los Gobernadores.